El pleno de inicio del nuevo mandato en la Diputación de Ourense fue, prácticamente, una balsa de aceite. Ni debate, ni tan siquiera intervenciones en ocho de los nueve puntos del orden del día. Hasta que, en el último punto, se rompió la monotonía de escuchar al secretario leer los dictámenes y, como corolario, declarar aprobado el asunto a tratar por unanimidad.
A propuesta de la presidencia, se llevó al pleno de ayer un acuerdo para delegar en la Xunta de Goberno, órgano integrado en exclusiva por diputados del PP, una buena parte de las competencias del pleno de la corporación provincial. La concertación de operaciones de crédito, las contrataciones y concesiones, la adquisición de bienes y derechos, la venta de bienes o derechos o la aprobación y contratación de obras y servicios -en todos los apartados teniendo como límite el marcado por la Lei de Bases do Réxime Local- serán competencias de la Xunta de Goberno de la Diputación en esta legislatura.
El caso de Xestur
El portavoz del BNG en la corporación provincial, Xosé Manuel Pérez Bouza, reprochó al presidente de la Diputación «aproveitarse da lei ó 100% para asinarlle á Xunta de Goberno as competencias do pleno. Nos últimos anos só tiña unha competencia delegada e agora traspásanse tódalas posibles e máis, o que amosa a debilidade do grupo de goberno na actual corporación e que non quere confrontación política nin debate de ideas nos plenos». Bouza reconoció la legalidad de la decisión, aunque reprochó el talante del PP en este asunto. Desde el PSOE su portavoz, Alfredo García, también aludió a la legalidad del acuerdo «aínda que o problema último está en que se está sustraendo ó pleno o debate sobre os asuntos importantes e as contratacións», al tiempo que anunció que su grupo seguirá reclamando la presencia de la oposición en las mesas de contratación.
Freire Couto, que asume en esta legislatura la portavocía del PP, negó las críticas de la oposición y aludió a «criterios técnicos en aras da operatividade» para optar por esa vía. El alcalde de Barbadás recordó además que ese es el procedimiento habitual «que se fai nos concellos, e aquí hai moitos alcaldes e sabémolo». Freire replicó a la oposición que no se podía recurrir a la hipocresía política «xa que eu estou en Xestur e alí vostedes non aceptan que o PP esté representado na mesa de contratacións». La delegación de competencias se aprobó con los votos mayoritarios del PP, votando en contra el BNG y absteniéndose el PSOE.
Portavocías y sesiones
Según los acuerdos adoptados ayer los plenos se mantendrán el último viernes de mes, los portavoces serán Freire Couto (PP), Alfredo García (PSOE) y Pérez Bouza (BNG), el vicepresidente será Enrique Nóvoa Poly y las retribuciones se mantendrán como hasta ahora: 300 euros por asistencia a pleno y 150 euros por comisión.