El juez aprecia un delito de estafa en la venta del solar en A Ponte a la empresa Copasa La instrucción sigue abierta y la última palabra la dirá el nuevo titular del Juzgado número 3
01 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La relación de imputados en el caso Tabarés, abierto a raíz de una querella formulada por el ex alcalde y último responsable de la firma Tabarés e Hijos S.L. antes de su suspensión de pagos en septiembre de 1995, se verá incrementada con los representantes de tres entidades de crédito, en tanto interventores y miembros de la comisión liquidadora. Para hoy mismo están citados, en calidad de imputados, Genma Tizón (Banco Pastor) y Vicente Lorenzo (Banco de Galicia), mientras que la comparecencia del tercero, Heriberto López (Caixanova) se producirá el próximo día 28 de marzo. Los nuevos imputados, citados por medio de un auto dictado el pasado 30 de diciembre por el ex titular del juzgado de instrucción, el magistrado Olegario Somoza Castro, se suman a una relación en la que aparecen Ángel Benito Costa Trigo como presidente de la comisión liquidadora, el ex concejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador y el secretario municipal, Mariano Rodríguez. La relación inicial se completaba con el fallecido Fernando Fontán, de Copasa, y el letrado Jorge Temes, secretario de la comisión liquidadora, a quien el juez excluyó al entender que no tenía facultad decisorio en los acuerdos. En el mismo auto, que no fue notificado a todas las partes hasta mediados de febrero, el magistrado deniega la propuesta de archivo del caso, «ya que ello equivaldría a una denegación de justicia y falta de tutela efectiva», accede a citar a los tres representantes bancarios aludidos y excluye, en la misma disposición, los otros dos que pretendían los querellante, Antonio Enrique Parada y Germán Soto, «por cuanto en su calidad de interventores se limitaron a opinar sobre la conveniente de la venta directa». Somoza Castro El auto del ya ex juez Somoza sienta las bases sobre las que previsiblemente seguirá trabajando el nuevo titular del Juzgado, el magistrado Antonio Piña, cuyo nombramiento ha aparecido recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la querella se planteó por los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa y apropiación indebida, el juez ciñó el caso a un presunto delito de estafa. Constata Somoza Castro, en su último auto sobre este polémico asunto, cómo la firma Copasa presentó una opción de compra y, catorce días después, adquirió el solar por un millón de euros menos «sin que se acreditase la justificación de la degradación del valor»; se alegó para apurar la compra la urgencia del pago de una deuda a la Agencia Tributaria, que se satisfizo catorce meses después; no se apostó por la subasta pública, que ofrecía «más garantías de imparcialidad que tal contratación directa con Copasa» y, finalmente, «la comisión no podía desdeñar el examen de otras proposiciones, máxime cuando la diferencia podría superar ampliamente los 200 millones de pesetas». Incertidumbre El llamado caso Tabarés entra, con la declaración de estos tres nuevos imputados, en una última y definitiva fase, ya no sólo con la presencia de un nuevo magistrado a cargo de la instrucción, sino con un nuevo responsable en Ourense del Ministerio Fiscal, institución que, hasta la fecha, se ha mantenido en un segundo plano, ostensible en la ausencia de representación de la acusación pública en los interrogatorios y declaraciones de imputados, testigos y peritos.