PENÚLTIMA | O |
29 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.CADA poco, la asociación de constructores recuerda en la prensa su vieja cantinela de los gravísimos perjuicios que traería al sector una hipotética paralización del Plan Xeral de Ordenación Municipal, como consecuencia del recurso presentado por el PSOE y pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Galicia. Las alusiones demagógicas a la destrucción de empleo, al frenazo en el desarrollo de la ciudad, o a los quebrantos económicos de una decisión judicial que echara abajo el PXOM, no dejan ningún resquicio para preguntarse sobre su legalidad, que es, en definitiva, el fondo de la cuestión. Si la asociación de constructores y el PP, que aprobó en solitario el cuestionado planeamiento, no tienen dudas sobre su legalidad, no deben preocuparse. En caso contrario, salvo que los constructores tan preocupados formen una comunidad de intereses de dudosa legitimidad con quienes sacaron adelante a todo correr el Plan, deberían animar al PP a cambiar lo necesario en vez de poner el acento en el recurso de los socialistas, encaminado a corregir la eventual ilegalidad de un documento fundamental para el futuro de Ourense. Sería más práctico y, desde luego, menos sospechoso.