Judicial | Educación, violencia doméstica y cárcel Una chica de 17 años quiere que su padre, un policía a quien acusó de pegarle y maltratarla, recupere la libertad después de mes y medio de prisión preventiva
22 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.Lo que el pasado 15 de marzo aparecía como una agresión, un episodio de malos tratos en el ámbito familiar, con la excepcionalidad de tener como protagonistas a un agente de la policía local de la capital y a su propia hija, ahora es percibido por la víctima como un proceder tal vez condicionado por un «ánimo corrector exagerado». El denunciado, José Antonio Á. P., de 49 años, en prisión preventiva desde el 16 de marzo, ha encontrado el apoyo de la menor, de 17 años, para que pueda recuperar la libertad. El futuro inmediato de este hombre, actualmente en el centro penitenciario de Logroño, está ahora pendiente de la sección segunda de la Audiencia Provincial, que ayer vio el recurso para revisar su situación de prisión. El suceso se había producido el 15 de marzo. Ese día, una chica de 17 de años fue asistida en el centro médico El Carmen. Presentaba erosiones en la cara interior de un muslo, en un antebrazo y en el cuero cabelludo. Ella y su madre acudieron luego a comisaría para formalizar una denuncia por malos tratos contra el cabeza de familia. No era, decían entonces, un episodio único ni aislado. Con ese panorama, el presunto agresor fue detenido, después de que hubiese entregado voluntariamente su arma. Formalmente arrestado, pasó a disposición judicial al día siguiente del hecho. La fiscal del caso pidió su ingreso en prisión y la jueza que recibió la primera declaración decretó su privación de libertad. De Pereiro a Logroño José Antonio Á.P. , después de pasar casi tres semanas en Pereiro, fue trasladado el 3 de abril a la cárcel de Logroño, uno de los centros penitenciarios que dispone de módulos específicos para funcionarios y agentes de los cuerpos de seguridad que se encuentren en situación de prisión, ya sea con carácter preventivo o penados. Por razones de seguridad y, de acuerdo con instrucciones generales de Instituciones Penitenciarias, sin necesidad de que ellos lo soliciten y sin que, como en este caso, existan razones particulares de falta de seguridad. La vista del recurso contra el auto de prisión dejó ayer una inusual coincidencia de posiciones entre defensa y acusación particular, que ejerce la familia del denunciado, es decir, su hija y su esposa, quien, a raíz de este suceso, pidió protección por temor a posibles represalias. Y mientras la fiscalía pide que el funcionario siga en prisión, al tiempo que propone una serie de medidas cautelares ante la posibilidad de que la sala decrete su excarcelación, tanto la defensa como la perjudicada reclaman su libertad, aunque ello signifique que se le suspenda la licencia de armas, que se le prive de la posibilidad de hablar o comunicar con la joven y con su madre, y que tampoco pueda acudir a su casa, en el municipio de Pereiro de Aguiar, donde ocurrieron los hechos. Motivos económicos Y es que, aparte de que la chica se sienta «responsable, no culpable» de la situación en la que se encuentra ahora su padre, al considerar que éste tal vez haya actuado con un «ánimo corrector exagerado», de acuerdo con el escrito de su representante legal, el mantenimiento de la privación de libertad del funcionario puede tener repercusiones económicas para toda la familia. Una suspensión de empleo y sueldo se traduciría, en la práctica, en un recorte muy notable de ingresos mensuales, pues en la nómina desaparecían todos los complementos salariales y una cuarta parte del sueldo base.