La Guardia Civil ha intervenido un total de dieciocho turismos en la provincia Los compradores eran ajenos a las supuestas anomalías cometidas por los detenidos
08 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.El gran negocio de adquirir un vehículo de gama alta, importado, de segunda mano y a un precio sustancialmente inferior al que ofrece el mercado local, ha traído más de un quebradero de cabeza a los propietarios de dieciocho coches que llegaron a Ourense desde Bélgica y Alemania a través de una empresa con sede en Ávila. Sin quererlo, se han visto enredados en un procedimiento judicial por unas presuntas irregularidades a la que son ajenos, como también les ha ocurrido al menos a otras 120 personas en distintas partes de España. Los vehículos que han aflorado en esta investigación siguen en poder de los titulares, en sus garajes o en la calle, pero, al haber sido formalmente intervenidos, aunque los dueños quisieran, no pueden ahora deshacerse de ellos: están a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arévalo, donde se sigue un caso por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, usurpación de estado civil, estafa y falsificación documental. Detenciones en Ávila El trabajo desarrollado en Ourense por los agentes del Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico, del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, condujo no sólo a la localización material de los vehículos, sino también a la identificación de la persona que actuaba como enlace entre la organización empresarial asentada en Ávila y los compradores finales. En esta operación se han producido seis detenciones relacionadas con la trama, aunque ninguna de ellas en Ourense, al estimarse, al menos en principio, que la participación de los intermediarios y los compradores es ajena a las irregularidades. La estructura que ha descubierto la Guardia Civil tiene sus cimientos en la constitución de una sociedad, en Ávila, para la importación de vehículos. Terceras personas Con la usurpación de la identidad de particulares que eran desconocedores de la situación, utilizando datos de terceras personas que eran obtenidos en fuentes aún no totalmente aclaradas, los vehículos llegaban a España, una veces sobre pedido concreto y otras para quedar en situación de espera, hasta que aparecía un comprador y entonces se le transfería desde la empresa abulense que centra la compleja trama. La investigación de la Guardia Civil ha permitido determinar, además, que en los trámites de importación se infravaloraban los precios en origen, con el consiguiente ahorro en el pago de impuestos por parte de los importadores y el perjuicio para las arcas del Estado. El IVA, de hecho, se aplica sobre el precio teórico original de la factura. Una de las novedades que aporta este caso, de todos modos, es la utilización de la identidad de terceras personas ajenas a la operación comercial y que, en algún momento, aparecían como los importadores de una manera fraudulenta.