Pachi Vázquez, el alcalde socialista de O Carballiño, se mostró cauto desde el momento de presentación de la querella. Se negó a hacer afirmaciones al respecto y delegó en sus compañeros de partido y gobierno la respuesta. El regidor tan sólo había dicho el pasado mes de septiembre que se sentía indefenso ante las acusaciones de la funcionaria al tiempo que afirmaba que las competencias de personal las tenía delegadas desde su llegada al cargos. Sí contestaron a la querella el teniente alcalde, Carlos Montes, y el edil de Personal, Alfonso Prado. En un comunicado que habían firmado ambos políticos se decía que a la funcionaria que presentó la denuncia por acoso laboral se le habían dado «toda clase de facilidades para integrarse en la organización administrativa y los cambios de departamento a los que alude fueron consentidos y en algún caso solicitados ante su manifestación de no sentirse cómoda en el departamento asignado». Antes de anunciar acciones judiciales desde el ayuntamiento contra la trabajadora (que hasta el momento no se han ejercido) apuntaban también ambos políticos que la denunciante era la «única que se siente agraviada como consecuencia de mantener discrepancias en asuntos laborales, cuando la gran mayoría de los trabajadores han expresado por escrito su desacuerdo con las acusaciones de la funcionaria.