El PSOE demanda una clarificación tras la sentencia que anula la venta de terrenos firmada en 1985 La UGT demanda un cambio en lo que califica de «actuacións especulativas»
08 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?nanimidad en la oposición a la hora de valorar la sentencia judicial que anula el contrato de compraventa de los terrenos de Benposta, suscrito en 1985 entre la entidad ourensana y la Xunta de Galicia, por lo que el Gobierno autónomo no podrá llevar a cabo el proyecto de construcción de un campo de fútbol en Seixalbo y un edificio multiusos y viviendas en el actual estadio de O Couto. El grupo parlamentario socialista ha solicitado ayer una comparecencia del gobierno gallego para que dé cuenta del cumplimiento de la resolución judicial. Los diputados del PSOE demandan que la sentencia se «acate en todos os termos e non se demore no tempo unha decisión manifiestamente inxusta». El grupo cree que la Xunta debe asumir la responsabilidad ante lo que la sentencia califica como «actuación temeraria e de mala fe que acada cotas escandalosas». Demanda que se cumpla el contrato firmado con el padre Silva «e vulnerado pola posta en marcha do megalómano proxecto de Ourense cara o novo milenio». Piden, por último, una explicación a la Xunta por la «constante persecución política exercida contra a Cidade dos Muchachos e da actuación indigna do PP que difamou e atacou en todos os campos a imaxe e a labor de Benposta». Algo que, dicen, se hizo con la única intención de «especular cuns terreos destinados a fins sociais». La reacción de los nacionalistas es similar. Los diputados del BNG piden que se reconduzca el proyecto del Milenio, dotado con casi 54 millones de euros, y que éstos se reinviertan en necesidades reales. Sindicatos El mundo sindical también expresó su satisfacción. La secretaría provincial de UGT invita al PP y al gobierno de la Xunta a que «cambien o paso nas actuacións especulativas que se veñen repetindo e que no caso de Benposta pretendían descaradamente acabar con esta obra». De la misma forma que la oposición, UGT reclama que se ejecute la sentencia.