Mucho se habla sobre la falta de límites en la infancia y la adolescencia. Pero, como advertía Nietzsche, conviene no idealizar el pasado ni asumir que siempre tenemos razón. Porque quienes señalamos esa supuesta falta de límites somos, muchas veces, quienes cruzamos un semáforo en rojo, aparcamos indebidamente o miramos hacia otro lado ante las injusticias. Y esa incoherencia no es abstracta: se manifiesta, de forma especialmente preocupante, en los entornos escolares. Exigimos respeto, disciplina y valores a niñas y niños mientras, como adultas y adultos, incumplimos esas mismas normas con una impunidad alarmante.
Lo digo desde una experiencia personal. En el colegio de mi hija —una institución pública que debería garantizar aprendizaje, socialización sana y educación en valores— he presenciado una situación que cuestiona profundamente ese ideal.
Porque sí, el colegio debería ser un espacio seguro. Un lugar donde se enseñe a respetar desde el respeto recibido. Donde se proteja a quienes más lo necesitan. Pero la realidad, en demasiadas ocasiones, dista mucho de eso. En nuestro caso, hablamos de un centro pequeño, en un pueblo pequeño, donde se presume de comunidad. De «gran familia». Y podría serlo. Pero no lo es. No lo es porque, en este caso, son las propias personas adultas quienes rompen esa convivencia.
Personas que consideran que hay niños «del pueblo» y niños «de fuera». Familias que valen más y familias que valen menos, según algunos. Una lógica excluyente que se expresa en comentarios, en actitudes… y, finalmente, en hechos.
Una madre que les dice a gritos a dos niñas —menores— durante una actividad escolar abierta a familias que se marchen del centro, delante de todos. Un intento de expulsión de un espacio que también es suyo. Solo por no ser «de allí». Esto no es un conflicto. Es una agresión.
Y lo más preocupante no es solo el acto, sino la respuesta. O la falta de ella. El profesorado y la dirección condenan lo ocurrido… pero en privado. Las familias afectadas acuden a inspección educativa y reciben el mismo mensaje: «Se reforzará la vigilancia», «la seguridad es lo primero», «confíen».
Pero ¿cómo confiar en un sistema que, ante una agresión pública, no actúa con claridad? ¿Cómo confiar cuando se normaliza el odio? Resulta especialmente grave escuchar que, si quien agrede fuera un alumno o un docente, existirían protocolos claros. Pero cuando quien agrede es una madre, «poco se puede hacer». Ese es el mensaje. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué estamos enseñando realmente a nuestras hijas e hijos? Porque no se educa solo con palabras. Se educa con lo que se permite. Con lo que se tolera. Con lo que no se condena. Y lo que estamos enseñando, en estos casos, es que la cobardía institucional también forma parte del sistema. Raquel Pedreira.