La guerra ha vuelto a Oriente Medio. Por segunda vez en unos pocos meses, Estados Unidos, junto a Israel, bombardeó Irán como castigo por no desmantelar su programa nuclear y balístico. De nuevo, los ataques se produjeron en plenas negociaciones, aunque en esta ocasión, terminaron con la vida de Alí Jamenei, líder político y espiritual del régimen de los ayatolás.
En base a los antecedentes, podemos prever una rápida desescalada por parte de Estados Unidos, en línea con lo que ya hemos visto en Yemen, en Irán en junio del año pasado o en Venezuela. Trump ha demostrado su preferencia por las victorias tácticas y simbólicas, muchas de ellas orientadas a su electorado doméstico, y por evitar empantanarse en un conflicto que pueda implicar numerosas bajas estadounidenses. Una de las grandes promesas electorales de Trump fue no meter a Estados Unidos en nuevos conflictos bélicos y reducir el precio de la gasolina. Fracasar en lo segundo haría todavía más evidente la falacia de lo primero y expondría al mandatario a las puertas de las elecciones legislativas de medio mandato.
Por su parte, el régimen iraní parece obligado, tras el asesinato de su líder supremo, a responder con acciones militares y a rechazar cualquier negociación. La amenaza sobre el estrecho de Ormuz es un clásico, aunque esta vez parece que va en serio. Se trata del principal punto de estrangulamiento del comercio energético mundial: por allí transita alrededor del 30 % del petróleo y del 20 % del gas natural que se comercializa por vía marítima.
Irán no dispone de capacidades militares para bloquear de forma permanente el paso de los cientos de buques que cruzan diariamente esas aguas, pero la mera amenaza de golpear a aquellos que lo intenten es suficiente para que las aseguradoras retiren coberturas, eleven de forma drástica las primas y los armadores opten por no arriesgarse. El resultado, como estamos viendo, es un aumento inmediato en los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales.
Sin embargo, el verdadero punto de presión no es un corte en el suministro. Las principales economías del mundo tienen reservas estratégicas para lidiar con una disrupción del estrecho durante más de un mes. El problema es el almacenamiento de los países productores de petróleo y gas del Golfo. Una vez que las exportaciones se ralentizan y los tanques comienzan a llenarse, los productores no pueden seguir bombeando indefinidamente. Cuando se agota la capacidad de almacenamiento, los recortes de producción se vuelven inevitables. El problema es que los yacimientos petrolíferos no funcionan como un simple grifo de agua. Cuanto más tiempo permanecen cerrados, mayor es el daño a largo plazo en su productividad y más extenso su tiempo de recuperación.
En este escenario, Irak parece ser el país más expuesto, seguido por Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, cuya capacidad de almacenamiento varía de unos pocos días a más de un mes. Por el momento, el mercado mundial del petróleo no parece tomarse en serio esta disrupción: con el barril de Brent en torno a 100 dólares, parece asumir que Estados Unidos desescalará pronto. El problema es que puede ser que ya no esté únicamente en manos de la Casa Blanca detener el conflicto.
Desde la perspectiva del régimen iraní, alargar la crisis y obtener una victoria simbólica frente a un agresor externo podría ayudar, después de las múltiples bajas, a legitimar a la próxima generación de dirigentes y movilizar apoyo en torno a la república islámica.
Por eso el mundo, ahora que los petroleros y metaneros evitan cruzar el estrecho, asiste a una peligrosa cuenta atrás que determinará si estamos ante una disrupción coyuntural o a las puertas de una verdadera crisis energética.