Vigo acaba de vivir recientemente un episodio insólito: la mayor ciudad de Galicia quedó incomunicada por tren con el resto de España durante casi media semana porque, quién lo diría, en Galicia llovía. El aviso llegó sin margen de reacción, con los usuarios enterándose en los propios andenes, y con el agravante de que no se habilitaron medios de transporte alternativos. El resultado inmediato: trabajadores y estudiantes atrapados, sin solución viable para cumplir con sus obligaciones. Durante las primeras horas ni siquiera se sabía cuánto iba a durar la interrupción, y en los días siguientes se sucedieron informaciones contradictorias. Hoy, aquel episodio parece no haber tenido consecuencias. Lo hemos asumido como algo inevitable.
Podría tratarse de un incidente desafortunado y excepcional. Pero al ampliar el foco aparece un panorama inquietante. El estudio informativo de la salida sur ferroviaria acumula más de un año de retraso. La nueva fecha de finalización se sitúa en octubre de este año, aunque la asignación de anualidad para el 2027 no invita al optimismo. A ello se suma que, pese al tiempo transcurrido, persisten dudas sobre la solución a adoptar, lo que mantiene bloqueado un proyecto contratado en el 2020: la supresión del histórico paso a nivel en pleno centro de O Porriño, aún guardado en un cajón mientras se decide si lo diseñado es válido o debe reformularse por completo. Un ejemplo elocuente de descoordinación administrativa.
En carreteras, el panorama no mejora. El estudio informativo de la autovía a O Porriño, llamada a aliviar el tráfico y eliminar los riesgos inherentes al trazado de la A-55, ya acumulaba más de un año de retraso cuando salió a información pública, hace otro año más, sin que a día de hoy sepamos cuándo concluirá esa fase. La AP-9 suma dictámenes contrarios de la Unión Europea a la prórroga de su concesión, mientras España dilata la respuesta sin que se perciba una estrategia distinta al simple aplazamiento de lo inevitable. Y la variante de Cerdedo va por su cuarto intento de estudio en veinte años, recordando inevitablemente a Penélope en la Odisea: lo que se teje de día se desteje de noche para evitar una decisión que nadie parece querer asumir, siempre con un nuevo informe complementario que aconseja volver al punto de partida.
Por su parte, el puerto de Vigo, privado de la consideración de nodal por una decisión más política que técnica adoptada hace más de quince años —y que nunca ha habido verdadera intención de discutir como país en Bruselas—, compite con una o incluso con las dos manos atadas a la espalda frente a otros puertos que reciben inversiones multimillonarias al norte y al sur.
¿Hay un patrón en todo esto? ¿Cuáles son los costes reales de estas decisiones —o de su ausencia— y las consecuencias para quienes las toman? Porque el precio lo pagamos todos en términos de empleo y capacidad de seguir siendo relevantes en un mundo que no espera. Vigo, la sociedad viguesa y su tejido empresarial, y con ellos Galicia, necesitan certidumbres que permitan planificar a largo plazo con información fiable. Sin ella o, peor aún, con información falsa, no solo perdemos competitividad: perdemos capacidad de decidir nuestro propio futuro.
Desde el Círculo de Empresarios de Galicia no nos resignamos a que esto sea así.