Seguimos como siempre. En España jamás dimite nadie. En el caso de la querella presentada por una agente contra el director adjunto de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González Jiménez, por un presunto delito de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha eludido asumir cualquier tipo de responsabilidad política. Tras el amparo que le prestó el presidente Pedro Sánchez, deja claro que no dimitirá, salvo que la víctima se lo pida, no se haya sentido protegida en cualquier momento o entienda que él, como ministro, le falló.
Seamos serios: ¿cómo es posible que le traslade a la supuesta víctima la responsabilidad de la decisión que él vaya a tomar? ¿Es qué pretende que la ciudadanía no reparemos en que la agredida pertenece a un cuerpo jerarquizado y qué, de actuar como sugiere el ministro del Interior —su ministro—, puede pensar que va a echar por tierra su carrera profesional? Máxime cuando a la víctima la mano derecha del DAO le ofreció hace casi un año, poco antes de la supuesta agresión sexual, el destino que quisiera a cambio de su silencio. Ni la agente se lo va a pedir, ni se sintió protegida, ni le va a decir al ministro que le falló. Blanco y en botella, leche.