En el debate sobre el sistema de financiación autonómica suele pasarse por alto algo básico: quien paga impuestos y recibe servicios no son los territorios, sino los ciudadanos. Los territorios no son sujetos fiscales con derechos propios, sino gestores de recursos ajenos. Confundir ambas cosas conduce a una visión casi patrimonial de los impuestos, como si la recaudación perteneciera a un Gobierno por el mero hecho de generarse en su ámbito territorial.
Esta distinción es clave para entender el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Si todas las comunidades autónomas reciben más recursos, alguien los financia. No hay magia presupuestaria: se suben impuestos, se recorta gasto futuro o se detraen recursos de la Administración central. Destinar más recursos a las comunidades autónomas implica más gasto en sanidad, educación y servicios sociales, con un coste de oportunidad evidente: gastar más aquí es gastar menos allí. Lo mismo ocurre si se refuerza al Estado central. El debate real es de preferencias y volumen de gasto, no de agravios territoriales.
Sobre esta base, justificar un cambio profundo del modelo porque Cataluña estaría infrafinanciada no se sostiene empíricamente. Cataluña se sitúa desde hace años en torno a la media de financiación por habitante ajustado. Su problema es, sobre todo, de gasto y endeudamiento, resultado de decisiones políticas propias. Convertir ese hecho en argumento para rediseñar el sistema supone premiar desequilibrios ex post.
El nuevo modelo propuesto moviliza 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades. De ellos, 16.000 millones provienen del aumento del porcentaje cedido de IRPF (del 50 % al 55 %) e IVA (del 50 % al 56,5 %), junto con nuevos tributos. Además, el Estado aporta cerca de 19.000 millones para nivelar los recursos y garantizar que ninguna comunidad pierda respecto al statu quo.
El diseño de los mecanismos de solidaridad nivela el 75 % del diferencial entre la financiación por habitante ajustado de cada comunidad y la media, y reduce hasta dos tercios la distancia respecto a Madrid. No se explica el criterio económico ni la elección de estos porcentajes, lo que dificulta la comprensión y condiciona el esquema a la negociación política.
Además, la apelación a la ordinalidad es problemática. Convertirla en principio rector implica asumir que quien más aporta debe recibir más por habitante. Trasladado al plano individual, el argumento es insostenible: en un sistema fiscal progresivo, pagar más impuestos no da derecho a recibir más gasto público.
El resultado es que, en términos de reparto, Cataluña sería una de las grandes beneficiadas, con unos 4.700 millones adicionales, una cuantía claramente superior a la media por comunidad.
El sistema de financiación necesita una reforma profunda. Es complejo y poco transparente. Pero cualquier reforma seria debería partir de tres ideas claras: poner al ciudadano en el centro, basarse en diagnósticos empíricos honestos y acordarse en un marco multilateral y estable. Lo pactado entre Sánchez y Junqueras parece responder más a la urgencia política que a una visión coherente y duradera del Estado autonómico.