España presume de liderazgo en energías renovables, pero sigue pagando una de las electricidades más caras de Europa. Desde el 2007, el precio doméstico ha subido más de un 60 %, mientras la capacidad solar y eólica se ha triplicado. Un contrasentido que pone en evidencia que no basta con instalar más paneles y aerogeneradores: la competitividad de la economía española pasa, sobre todo, por contar con una red capaz de absorber la energía que produce.
España tiene un potencial energético extraordinario. Pocos países europeos combinan tanto sol, viento y tecnología. Los precios a los que hoy se adjudican nuevos proyectos —entre 25 y 30 euros/MWh— confirman que generar electricidad aquí es barato. Pero esa ventaja natural se diluye entre burocracia, intervencionismo y una maraña regulatoria que frena inversiones y desincentiva la ampliación de infraestructuras.
El error de fondo ha sido convertir el coste nivelado de la electricidad (LCOE) en el faro de la política energética. Es un indicador útil para comparar tecnologías, pero profundamente incompleto. Mide lo barato que es generar electricidad en una planta, no lo caro que puede ser integrarla en el sistema. Y ese es el punto débil español: la red.
En demasiadas horas del día, sobre todo en verano, la producción solar y eólica supera la demanda o satura las líneas de transporte. La red eléctrica no ha crecido al ritmo de la nueva capacidad instalada. Faltan líneas de evacuación, sobran cuellos de botella y el almacenamiento apenas despega. Además, la energía renovable intermitente no aporta los servicios de estabilidad que sí ofrecen otras fuentes —frecuencia, tensión, inercia—, lo que obliga a Red Eléctrica a apagar parques renovables y encender centrales de gas o hidráulicas para mantener el equilibrio.
El resultado es tan absurdo como costoso: se produce energía limpia y barata que no puede aprovecharse. Este verano, cerca de un 11 % de la generación renovable fue expulsada de la red por restricciones técnicas, con un sobrecoste diario estimado en seis millones de euros. Lo barato sale caro cuando el sistema no está preparado para absorberlo.
Si España quiere recuperar competitividad, debe dejar de confundir precio con valor. La transición energética no puede sostenerse solo en la promesa del megavatio barato, sino en la eficiencia del sistema. Hace falta invertir más en redes, almacenamiento y flexibilidad; premiar la potencia firme y la estabilidad, no la subvención rápida ni el titular fácil.
Cada euro invertido en reforzar la red o en fomentar tecnologías firmes multiplica la productividad de todo el sistema y mejora la competitividad exterior. Si España quiere atraer fábricas, data centers o nuevas industrias verdes debe garantizar precios estables y previsibles. No hay autonomía estratégica posible sin una base energética sólida. La transición no debe ser solo ecológica, sino también económica.
Porque la energía barata no sirve de nada si no puede circular. Y sin electricidad competitiva no hay industria, ni crecimiento, ni prosperidad posible.