Cualquier robo desde el poder político termina siempre en un robo a los pobres, incluso si lo que se pretende es robar a los ricos o a los bancos, que se recuperan subiendo precios y costes. Los pobres, sin embargo, quedan un poco más indefensos, un poco más pobres, tienen que pagar más. Cuando la UGT le chulea cuarenta millones a la Junta de Andalucía, según sentencia de esta semana, y los gasta en Dios sabe qué, el problema no es que haya robado cuarenta millones a la Junta, sino que la Junta ha permitido que les roben cuarenta millones a los andaluces, especialmente a los que estaban en el paro, y quedaron indefensos y sin cursos.
Cuando el poder desnaturaliza las instituciones, aunque no robe, deja indefensos a los ciudadanos, especialmente de nuevo a los más pobres: les priva de las armas para resistirse a la injusticia, por ejemplo. Si alguien se felicita porque los suyos controlan todas las instancias sociales, está festejando su propio sometimiento, su esclavitud. Porque controlar y desnaturalizar las instituciones significa eso: despojar a las personas de cualquier recurso que les permita defender sus derechos, que a efectos prácticos es lo mismo que despojarlas directamente de sus derechos. Ocurre cuando caen la división de poderes, el Banco de España o Televisión Española. Cada institución destruida o debilitada allana un poco más el camino a la impunidad de los señoritos para los que trabajamos buena parte del año, pero que luego no se dan prisa por llegar a socorrernos en una dana. Ni siquiera los tiránicos regímenes feudales de otros tiempos se portaban con tan poca humanidad: ninguno pedía más del diez por ciento y velaban por sus gentes. Estamos a tiempo.