Hace casi treinta años el profesor Juan Linz nos «descubrió» una nueva categoría de problemas en el ámbito público: «Los problemas insolubles». Problemas estructurales con los que nos habíamos acostumbrado a convivir, imposibles de gestionar en base a soluciones pensadas en y por el ciclo electoral, que, en un momento dado, se agudizan y exigen una solución inmediata en el corto plazo, hasta el punto que se convierten en graves, urgentes e… insolubles. Cabría plantearse si la financiación autonómica —ya no digamos la local— se puede encuadrar en dicha categoría. Un modelo que ha evolucionado desde la etapa transitoria inicial, en base a revisiones quinquenales, y donde históricamente ha primado la racionalidad política, frente a la económica. Las vestiduras «bilaterales» que nos rasgamos hoy, llevan tiempo en precario. Tampoco en este ámbito —con Kahneman y la economía conductual— se ven trazas del homo economicus clásico, agente permanentemente racional y optimizador de recursos.
En este sentido, es importante conocer la hoja de ruta de destino, que parece que nos lleva a profundizar en el federalismo fiscal —buen momento para recordar y releer a los federalistas gallegos del s. XIX como Aureliano Pereira y el ideario federal, no solo en su vertiente radicalmente democrática, sino de solidaridad interterritorial e igualdad—, sino el punto de partida. El modelo nace a finales de 2009 con un compromiso «basilar» —hace unos días hablábamos en estas mismas páginas de los abovedados—, en un plazo de cinco años se debe realizar una evaluación por un actor concreto —el Comité Técnico Permanente de Evaluación creado en el marco común del Consejo de Política Fiscal y Financiera— con el objetivo de asegurar una «mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema».
De esos polvos, estructurales en nuestro sistema político, de la falta de evaluación ex ante y ex post de las políticas públicas, también de las grandes inversiones —¿cuándo se solicitarán (ya posibles) evaluaciones previas a los órganos de control independientes, y no tengamos que sobresaltarnos en períodos estivales con informes relativos a inversiones de 1.600 millones de euros, años después de su ejecución?—, estos debates de hoy. Porque lo que se evalúa se conoce y, lo que es más importante, se es responsable y se rinde cuentas ante la ciudadanía.
De la lectura atenta de las veinticinco páginas de declaraciones de principios, que tanto debate están generando, el gran olvidado no es la solidaridad interterritorial —más transparente—, que se cita anudada a dos principios no fáciles de conciliar: garantía de servicios públicos «similares» a «similar» esfuerzo fiscal —debate paralelo al italiano y los «livelli essenzili di prestazione»— y por otro lado, importa el modelo de «ordinalidad» creado por el Tribunal Constitucional alemán como límite de la nivelación de recursos entre länder, matizado después con el incremento de la financiación local. El gran olvidado, es el gasto público y la eficiencia del mismo. Obsesionados por los ingresos, permanece bajo el nivel del agua, el debate que si se está dando en el Reino Unido de Starmer y Reeves y el mantra del «si no nos lo podemos permitir, no lo podemos hacer» y los «compromisos que no valen el coste del papel en el que se escriben». Planificación, eficiencia y evaluación como marco imprescindible para la mejora de la calidad del gobierno y el rendimiento institucional, con el objetivo último de garantizar la integración de todas las singularidades, la solidaridad interterritorial y la eficiencia del conjunto para garantizar la «solubilidad» de los problemas estructurales en el largo plazo. Y este debate de la eficiencia en el gasto y su evaluación ex ante y ex post afecta a todos los niveles de gobierno.