Una ley contra la «pobreza de transporte» en Galicia
OPINIÓN
La Unión Europea acuñó hace unos años el concepto «pobreza de transporte» para referirse a «la falta de alternativas de transporte, asequibles y accesibles que restringen la movilidad de una persona a un área determinada, dificultando la realización de sus actividades esenciales y su participación en la sociedad».
A menudo, la pobreza de transporte afecta a los colectivos más vulnerables como las familias en riesgo de exclusión social, los desempleados o las personas con movilidad reducida. Además, los grupos sociales más afectados incluyen a mujeres, ancianos, jóvenes, familias con bajos ingresos y personas con discapacidad. Vivir en una región desfavorecida (áreas rurales, periféricas o remotas, incluidas regiones ultraperiféricas o islas) aumenta aún más el riesgo de aislamiento social.
En nuestro país, el segundo con mayor extensión geográfica de la UE, más de la cuarta parte de la población se concentra en solo dos comunidades autónomas: Madrid y Cataluña. En el resto de las regiones, la población se encuentra o muy concentrada en un núcleo urbano o en un reducido número de poblaciones. La densidad de población de la España rural es muy baja y, por la orografía, se disemina en núcleos de población pequeños y distantes entre sí. En el caso de Galicia (con un territorio de 29.565 km2), la densidad poblacional es de 94,17 habitantes/km2 y se encuentra distribuida en 313 municipios. Por este motivo, es evidente que el transporte interurbano en autobús cumple una importante función social.
España cuenta con el sistema de transporte público de viajeros por carretera más desarrollado de Europa y el que presenta una mayor capilaridad. La ordenación del transporte vertebra todo el territorio y es el único capaz de llegar a todos los rincones del país, incluidas las pequeñas poblaciones de menos de 50 habitantes. Nuestra red, basada en la colaboración público-privada, es clave para garantizar el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del estado del bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo, en todo el territorio. En Galicia, el tejido empresarial del transporte en autobús lo forman 254 empresas con una flota de 3.786 vehículos. La región se vertebra a través de 127 concesiones de transporte interurbano de titularidad autonómica, además de las paradas de las líneas de competencia estatal. La fuerte dispersión demográfica de Galicia hace que cobre especial relevancia la flexibilidad del autobús a través de la colaboración público-privada en la gestión de la movilidad de las personas.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que en pocas semanas iniciará su tramitación en las Cortes Generales, es una gran oportunidad para garantizar la igualdad real de los ciudadanos en materia de derecho al transporte. Para lograr este objetivo es necesaria una ley de financiación que dote al mismo de un marco estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas, con el objetivo de que las administraciones autonómicas y locales puedan planificar con garantías el futuro de sus redes de transporte colectivo.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, España no cuenta con una ley estatal de estas características, y la cantidad que el Estado aporta a los municipios, vía Presupuestos Generales del Estado, no ha variado en función de la situación económica, sino que se ha mantenido fija, y no hay criterios objetivos para calcular la cifra de aportación.
Tenemos por delante una gran oportunidad para hacer una ley que mejore la vida de los ciudadanos y permita la optimización del modelo de colaboración público-privada que nos ha colocado a la vanguardia del transporte en Europa y en otros países del mundo.
Nuestra ordenación del transporte es la única capaz de garantizar la movilidad como servicio público esencial en toda la geografía española en condiciones de calidad y seguridad únicas. Se trata de un sistema que funciona y que, si bien tiene margen de mejora por la evolución del mercado, ha conseguido ponernos a la cabeza de la UE en cuanto a desarrollo del transporte de viajeros por carretera.
Estamos convencidos de que la futura ley de movilidad sostenible apostará sin reservas por un modelo de transporte público que contribuya a reducir la desigualdad entre ciudadanos y que supondrá un punto de inflexión en el compromiso, incluido en la Agenda 2030 y en el Plan Nacional de Energía y Clima, de la descarbonización del territorio. En definitiva, una norma que impulse el avance de España en términos de igualdad social y medioambiental.