Puigdemont y la dejación de funciones
OPINIÓN
La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de desestimar los recursos presentados por el fugado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín contra las decisiones del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad ha sido una gran victoria para la justicia.
Por desgracia, en esta celebración brilla por su ausencia el Gobierno español. Independientemente del camino que ahora se abre —los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE— han quedado claras unas cuantas cosas. Algunas me alegran, otras me preocupan. Me alegra, como presidente del comité jurídico del Parlamento Europeo, haber garantizado el buen hacer de la cámara y que salgan reforzadas tanto la justicia española y europea como las instituciones, frente al intento de engañar, intoxicar y tergiversar de los huidos. Me alegro de que las leyes se cumplan, de haber podido desarrollar, con ayuda de mis compañeros eurodiputados, un proceso imparcial y garantista. Me preocupa que se haya llegado hasta aquí en parte por una mala decisión del anterior presidente del Parlamento y en parte por dejación de funciones del Gobierno español.
El socialista italiano David Sassoli desoyó las advertencias que se le hicieron y concedió el acta a los fugados de manera fraudulenta: era indiscutible que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impedía adquirir la condición plena de eurodiputado al que no cumpliera todas las exigencias planteadas por la ley española para acceder al cargo. Y el Gobierno español tenía que haber recurrido esa decisión. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Tenía un pacto con ellos? ¿Esta es la tan celebrada pacificación de Cataluña? Después llegó la anulación de la sedición, con los absurdos y desacreditados pretextos de las normativas jurídicas europeas.
Si Puigdemont ha llegado hasta aquí ha sido, en buena medida, porque Sánchez —que se comprometió a traerlo sin tener que hacerlo, tampoco era su tarea— ha hecho dejación de sus funciones en los tres últimos años. ¿Qué va a pasar ahora? No está claro. Desde el punto de vista político, los fugados, identificados por la mayoría por sus gesticulaciones sin base, se consolidan en un desprestigiado limbo de la Eurocámara, en la última fila del hemiciclo, al lado de la ultraderecha.
Desde el punto de vista jurídico, seguiremos arrastrando el asunto: plantearán un nuevo recurso, obtendrán medidas cautelares, pasarán meses… y luego está Bélgica, con la que no descarto que España tenga que hablar e incluso llegar a plantear un conflicto. Confío en que, en todo caso, el año próximo podamos ver a estas personas ante un tribunal español para ser juzgadas como corresponde. Por ahora, la justicia avanza. Despacio, pero avanza.