España es mejor que el Estado español. Este no funciona como un reloj atómico. Si tienes una empresita y te retrasas un día en ingresar el IVA o en pagar la Seguridad Social, te cae la del pulpo. Si eres el Estado español y te retrasas meses, e incluso años, en trasponer normas europeas o en hacerlo mal, qué más da. Por eso y por cosas similares cabe sostener que España, los españoles, son más rectos que el Estado que los organiza —o desorganiza—. Al fin y al cabo, una nación es su población ligada al territorio, y solo en tercer lugar su aparente organización.
Pues bien, ahora que la riada de fondos europeos nos bendice, sucede que el Estado se distrae con batallitas celtíberas. Sin ir más lejos, sigue sin trasponer la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que debía haberse hecho antes de 17 de diciembre del 2021. Esta desidia resulta peligrosísima, ya que los auditores europeos no tardarán en verificar si nuestro Estado aplicó correctamente todo el derecho europeo vigente a la hora de repartir dichos fondos. Al no hacerlo, tocará devolver lo percibido y no pagarán los ineptos, sino los contribuyentes españoles.
Los intereses financieros de la Unión son sagrados porque representan la garantía de que todos los contribuyentes europeos tributan por algo útil y con respeto al derecho común. Por eso la directiva reitera que el blindaje a los informantes considerará la protección de dichos intereses, con medidas disuasorias y eficaces, tal como recalca el Tratado firmado por nuestro Estado.
En el reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión se habla por añadidura de la necesidad de prevenir los conflictos de intereses al gestionar el dinero europeo, conflictos que existirán cuando el trabajo de los gestores se vea comprometido «por razones familiares, afectivas, de afinidad política…, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal». ¿Afinidad política? Si se aplicase una norma similar a la elección de componentes del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y de otras magistraturas estatales, el Estado español sería mejor y más cabal. Según la web del Congreso, el proyecto estaba pendiente de entrada en el Senado desde el día de la lotería de Navidad. Con calma. La misma que el Estado le ofrece al comerciante o al profesional para pagar la cotización de la Seguridad Social o ingresar la retención del IVA. No más. Por cierto, Portugal publicó esa transposición el 20 de diciembre del 2021. A ellos no les pillará este toro.