En el enorme guirigay que hemos montado para refundar España —«Mi querida España / Esta España en dudas, / Esta España cierta»— creo que nos falta poco para entonar el Réquiem por el país que fuimos y por la democracia parlamentaria que quisimos ser. Porque ya asoma detrás de las colinas una líquida CITOA (Confederación Ibérica de Taifas Oníricas Autodeterminadas) que será el asombro —así hablaba Curros— del orbe cristiano. Para hacer esta revolución no hemos elegido esta vez repúblicas fallidas, ni generales carlistas, ni incendiarios ateos, ni guerras civiles, sino una revolución legislativa —oportunista, babélica, críptica y chocarrera— cuyo único objeto es pasar del Medievo a la Posmodernidad —y viceversa— sin que nadie sepa cómo y por qué lo hicimos.
La sensación que tenemos ya fue descrita por el profesor Aranguren en 1963, y su esencia es que hemos pasado «de ser mal gobernados a tener un mal Gobierno», o de sufrir errores e incompetencias concretas a instalarnos en el caos. Y, como esta evolución va de leyes, y no de armas, la primera víctima de la crisis es el poder legislativo, que, debiendo encarnar la voluntad nacional, y expresarse mediante el proceso de elaboración y aprobación de las leyes, se nos muestra como un convidado de piedra —ninguneado e invisible—, sin que, en el momento en que hablan de leyes hasta los cuñados, y todos en la barra del bar, nadie siente la necesidad de mencionar ni criticar al Parlamento, como si fuese el único actor irrelevante para el proceso de redacción y aprobación de las leyes.
La autora de este milagro es la ministra Montero, que legislando a trollo, eludiendo los consejos de los jueces, los juristas, las instituciones de control y las portadas de los periódicos de provincias, va dictando textos legales sobre el aborto, la determinación de género, la tautología del sí y otros textos insignes sin que nadie, y menos aún el Gobierno o el Parlamento, consiga detenerla. Por eso nos cruzamos duras acusaciones de inutilidad y culpa entre instituciones, ciudadanos, asociaciones diversas, poderes del Estado, medios de comunicación y viajeros del metro, de las que solo las Cortes Generales —¡vaya por Dios!— salen indemnes. ¿Por qué?
Porque es un sentir común que el Congreso y el Senado solo están para aplaudir y votar lo que les manden. Y porque la dura verdad es que, extrañamente abducidos por la politización de la justicia y la judicialización de la política, nadie advirtió a tiempo que el enfermo más grave del sistema es el poder legislativo, tan obeso y esclerótico que, por no servir para nada, se ha hecho invisible. La tremenda verdad es que quien hace las leyes mencionadas, y pisa los callos con salero, es Irene Montero. Y si queremos saber por qué no dimite cuando todas las asociaciones de jueces se lo piden debemos recordar que nadie dimite cuando está en la cima de su gloria, ocupa todas las portadas, es el centro de todas las tertulias y les enseña a los jueces cómo interpretar las leyes. Una crac.