El presidente Rueda invitó a los líderes del Bloque Nacionalista y del Partido Socialista a un encuentro o ronda de conversaciones sobre temas merecedores de atención en la política gallega y en su Parlamento. Entre ellos puede estar el conflicto, o tensión permanente, entre el Gobierno de España y una parte de la sociedad gallega y de su Gobierno, derivado de la regulación del espacio marítimo terrestre y los efectos que sobre él tiene la interpretación de la Ley de Costas. Conflictos asociados a las decisiones de Costas del Estado, que se han agudizado con la aprobación de la ley de cambio climático, recurrida por la Xunta en el Tribunal Constitucional.
En marzo del 2021 el grupo parlamentario popular presentó una iniciativa sobre la transferencia de gestión del dominio público marítimo terrestre en el Parlamento gallego. Iniciativa que, según la portavoz popular, venía siendo demandada por el PP desde el año 2009, sin éxito. Transferencia que logró ser aprobada por unanimidad, luego de una ampliación a reclamar otras competencias, a propuesta del BNG, y que ya se había realizado a otras comunidades como Cataluña, Andalucía, Canarias o Baleares, estando en trámite al parecer también para el País Vasco. Con esa unanimidad, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, iniciaron en julio del 2021 conversaciones para materializar esa transferencia, para la cual el Ejecutivo gallego consideraba entonces que existía una «buena disposición» por parte del Gobierno de España.
A pesar de todos estos elementos favorables, unanimidad en el Pazo do Hórreo y buena disposición observada en el ministerio, a la que es necesario añadir los precedentes con las autonomías antes citadas con las competencias del dominio público transferidas, la respuesta del Gobierno al diputado de Unidas Podemos por A Coruña cambia el escenario para lograrla: Galicia no puede asumir tales competencias sin una reforma del Estatuto de Autonomía que le atribuya estas nuevas funciones.
Esto plantea una reflexión sobre los desacuerdos que impidieron ese cambio en el estatuto, discusión iniciada en el 2005, y las consecuencias de no haberlo reformado en nuevas competencias y su gestión, como sucede con la del dominio público marítimo terrestre si la posición anunciada por el Gobierno de España se confirma.
En esas conversaciones entre el presidente Rueda y los portavoces de la oposición, además de otros temas de interés, podría abordarse este nuevo enfoque de la transferencia del dominio marítimo-terrestre y otras posibles consecuencias del actual nivel competencial de nuestro Estatuto de Autonomía. Que, al parecer, nos limita.