Vigilancia, evidencia y previsión. En 2016 la OCDE publicó una obra con ese subtítulo sobre el papel de los órganos de control externo del sector público y la mejora de la gobernanza. Un año antes, la Asamblea General de la ONU aprueba entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 16, entre cuyas metas se encuentra la de crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. En ese mismo año se modifican las leyes del Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas, en relación con el primero señalando que su función de control se referirá a los principios de legalidad, eficiencia, economía y, ahora también, de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género; y, en relación con el segundo, atribuyéndole una nueva función de prevención de la corrupción.
En este contexto cabría preguntarse si este control externo mejora la calidad del gobierno. María Gustavson, del Instituto de Calidad del Gobierno de Suecia, plantea tres prerrequisitos: independencia del controlador —ya Stuart Mill, y antes Aristóteles, planteaba la necesaria separación de las funciones de «control y crítica» de las de gestión; profesionalización de los equipos de auditoría y sujeción a normas internacionales, y, en tercer lugar, el reconocimiento de la ciudadanía como el principal destinatario de los trabajos de los órganos de control, en una relación principal-agente en la que aquélla es el principal.
Desde el Consello de Contas se ha tratado de dar respuesta a ese interrogante con la aprobación del plan de trabajo 2022. En concreto, desde el área de corporaciones locales se plantea una hoja de ruta en la que, además de los tradicionales controles de legalidad, cumplimiento formal y regularidad contable, se den respuesta a las preguntas acerca de la calidad del gasto público: así, por ejemplo, se plantean trabajos específicos en torno al análisis del coste efectivo de los servicios públicos municipales y los efectos de las diferentes formas de gestión, la auditoría de los riesgos de ciberseguridad de las entidades públicas y sus impactos; sin olvidar e innovar en la colaboración para el cumplimiento de los requisitos vinculados a la infraestructura ética de gestión de los fondos Next Generation UE.
La hoja de ruta está marcada, aguardemos que su ejecución en el presente ejercicio contribuya a la mejora de la confianza en la gestión pública, a través de la seguridad objetiva que aporta la auditoría, de cumplimiento, pero también de rendimiento.