El Gobierno ha decidido iniciar los trabajos para la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) con una propuesta para la revisión del cálculo de la llamada población ajustada. Esta variable es un indicador de necesidades de gasto que responderá a las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. Si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada asegurará que todas las autonomías pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos.
Así pues, no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del SFA, que dependerá de todos los elementos del mismo, sino de una fórmula de reparto ideal que puede servir de guía sobre qué habría que hacer para acercarnos a la igualdad de acceso a los servicios públicos en toda España. Este reparto ideal, sin embargo, tiene efectos significativos sobre la distribución real de la financiación a través de los mecanismos redistributivos del SFA, porque algunos de los fondos más importantes del sistema se reparten teniendo en cuenta la población ajustada.
La propuesta del ministerio toma como punto de partida el informe publicado en el 2017 por la comisión de expertos para la revisión de la financiación autonómica. Buscando una aproximación técnica razonable a los costes de los servicios autonómicos, el documento avanzaba una serie de propuestas, entre las que cabe destacar:
1.- La introducción de una partida de costes fijos y de un indicador de pobreza o exclusión.
2.- El desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un indicador de necesidades de gasto universitario.
3.- La introducción de ponderaciones por tramos de edad en la población de 65 y más años.
4.- La actualización del indicador de necesidades de gasto sanitario.
5.- Basar las ponderaciones de los indicadores de necesidad de los grandes bloques de servicios autonómicos (sanidad, educación, servicios sociales y otros) en los pesos observados de estos bloques en el gasto real de las comunidades autónomas en años recientes.
El ministerio ha asumido el grueso de estas propuestas, lo que me parece muy positivo, pero propone también introducir dos ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer «trajes a medida» en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas. Se trata, en particular, de un peculiar reparto «por bloques» de la partida de costes fijos que favorece a las comunidades pequeñas, pero no demasiado; y la introducción con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a la «España vaciada», más allá de lo que ya hace la variable de superficie.
Estos ajustes comportarían cambios significativos en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades que resultarían difíciles de justificar en base a la (limitada) evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos. Mi propuesta sería retirarlos.