La idea de que el pacto entre la CEOE y CC.OO. y UGT en materia de legislación laboral debe ser convertido en ley, tras su paso por las Cortes, sin tocar una coma, parece tan extendida que algunos creerán una herejía que se ose discutirla. Así lo ve el presidente del Gobierno, que repite que hay que ratificar el acuerdo como si ello fuera una obviedad. También los propios negociadores, persuadidos de que tienen capacidad de legislar. Y mucha gente, quiero creer que sin darse cuenta de a donde nos llevaría convertir tal idea en un principio general de la política.
Porque en una democracia parlamentaria —y la española lo es— quien legisla son las Cortes, o, en sus ámbitos respectivos, los parlamentos regionales. Por eso, sobre temas sanitarios, no decide la Organización Médica Colegial, ni sobre temas universitarios el consejo de rectores, ni —y no es más que otro ejemplo— sobre las medidas de salud de alimentos, quienes los suministran. Porque, lo nuestro no es un régimen corporativo, sino una democracia liberal, donde legislan los representantes del pueblo, que deben tener en cuenta (otra cosa es que lo hagan) los intereses generales y no los particulares, por más amplios e importantes que aquellos puedan ser.
No negaré, claro, que el producto final de la labor legislativa suele mejorar cuando el parlamento consulta con los sectores afectados, pero eso es una cosa y otra muy distinta pretender que las Cortes asuman sin más, convirtiéndolo en ley, el producto de un pacto corporativo entre patronal y sindicatos. Un pacto, además, que en este caso plantea problemas que solo desde el populismo más rampante tratan de obviar todos los firmantes.
El primero se refiere a los sindicatos, pues solo dos (aunque es cierto que mayoritarios) han apoyado el acuerdo. Pero incluso esos sindicatos tienen una representatividad limitada en muchos sectores labores: representan sobre todo a los trabajadores activos frente a los parados y a los trabajadores industriales (muy sindicalizados) frente a los de las pequeñas y medianas empresas (que lo están mucho menos). El número de afiliados a los sindicatos, que experimentó una bajada en la década de 2009-2019 (del 17 % al 14 %) supera un poco los 900.000 tanto en el caso de CC.OO. como en el de UGT. Por tanto, hablar de que ambos representan a los trabajadores, así, sin matices, es una forma como otra cualquiera de tomar la parte por el todo.
En cuanto a la CEOE, no puede dejar de tenerse en cuenta que el pacto que Garamendi ha firmado en su nombre no cuenta con el apoyo, nada más ni nada menos, que de Foment del Treball (la patronal catalana), la madrileña CEIM, la patronal del automóvil (Anfac), ni tampoco la del campo (Asaja). Por tanto, menos lobos.
El acuerdo ha de ser negociado en las Cortes. Y eso es lo que debía hacer el PP en lugar de rechazarlo sin debate, una vez que el fracaso de la posición del Gobierno de derogar íntegramente la reforma laboral ha acabado en un fiasco portentoso. Repito, en un fiasco portentoso.