Una vez finalizada la cumbre de Glasgow, la referida al clima, las preguntas más elementales continúan estando encima de la mesa. De una parte, los responsables políticos y la ciudadanía en general son más conscientes de los riesgos que nos atenazan; pero, sin embargo, no se aportó claridad en lo que respecta a los objetivos a conseguir, tanto en lo tocante a plazos como a los límites o umbrales que no debemos sobrepasar. De otra parte, tampoco quedó claramente plasmado en los acuerdos quién va a controlar los compromisos nacionales e internacionales; y qué sucederá si alguien no cumple o continúa infringiendo las normas aceptadas. Es decir, reducido compromiso efectivo y, sobre todo, un fuerte escapismo en lo concerniente a las sanciones, multas o resoluciones.
A nivel político, se llevan varias cumbres (por ejemplo, desde la de París en el 2015) sin dar pasos al frente y sin adoptar medidas regulatorias viables. En consecuencia, no resulta fácil transmitir recomendaciones concretas y plausibles a las empresas, a los agentes financieros y a los sectores. Da la sensación de que la situación está preñada de falta de transparencia.
Hemos aceptado proceder a enfilar dos transiciones: la ecológica y la digital. En lo que hace referencia a la primera, estamos inmersos en una clara apuesta por la sostenibilidad; y ello supone que la actividad económica ha de saber qué criterios tiene que cumplir para tener la consideración de sostenible. Hasta el momento, poseemos una vaga norma referencial europea, con exigencias más cualitativas que cuantitativas. Y disponemos de una amplia constelación de siglas, índices y medidores que cuantifican nuestro trabajo; lo que significa distintas taxonomías y diferentes varas de medir En suma, carecemos de una homogeneidad de criterios en lo referido a las normas de estricto cumplimiento y de referencia; lo que nos lleva a pensar que el control es muy reducido y, por lo tanto, sus efectos, muy distantes de lo predecible y deseable. Dicha amplia panoplia de criterios contribuye a generar un poco confusión y una disminución de los éxitos en lo referente a los resultados. Dependiendo del método que cada empresa, gestor o actividad utilice, tendríamos una clasificación diferente.
Al mismo tiempo, está constatada la proliferación de instituciones privadas que proceden a elaborar dichas mediciones y a emitir certificados. Así las cosas, carecemos de una armonización; pudiendo, cada uno de los agentes, apelar a sus criterios; pues, como venimos afirmando, no hay estándares internacionales, carecemos de acuerdos globales que garanticen los pasos adelante y de poco valen las actuales auditorías. Bajo este escenario, es lógico que muchas empresas se pregunten cuál debe ser su papel en este entorno cambiante y cómo proceder a invertir en activos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Estos activos sumarán más de 46 billones de euros en el 2025.
Estamos, pues, ante nuevas apuestas y nuevos compromisos. Si deseamos supervisar a las empresas, también deberíamos supervisar los mercados de capitales. Quizás por ahí podamos llegar a encontrar a los responsables y disponer, en un plazo cercano, de una economía más verde e inclusiva, tal y como se mencionó en Glasgow.