El discurso oficial del Gobierno catalán era este: no existe ningún problema lingüístico en Cataluña; la inmersión se efectúa con normalidad y paz social; los casos de no aceptación de esa política son mínimos y aislados; lo que ocurre es que determinados medios informativos de Madrid exageran esas excepciones. Yo estoy bastante de acuerdo con esa explicación. Mejor dicho: estaba de acuerdo hasta que estalló el caso «del niño de Canet». A partir de él sí que existe un problema: un problema de intransigencia de la Consellería de Educación que recuerda los peores métodos autoritarios, por no llamarles directamente dictatoriales.
Hasta la intervención del titular de esa consellería había un episodio ya de por sí muy grave que conocen todos los lectores: los padres bilingües de un alumno de cinco años que quieren para su hijo lo que ayer dijeron en una carta abierta, que es la oportunidad de aprender los idiomas catalán y castellano en igualdad de condiciones; a partir de su demanda se produjo una reacción violenta que llevó a acosar a ese chico e incluso a proponer que su casa familiar fuese apedreada. La campaña en contra se desarrolló en persona y a través de las redes sociales.
El conseller de Educación se personó en el colegio y, en vez de pacificar, tensó todavía más la situación con tres negaciones insolentes: la de responder a preguntas de los periodistas en castellano; la de aceptar lo que había acordado el colegio de respetar el 25 por ciento decidido por el Tribunal Superior, y la peor de todas, que fue no prometer protección al escolar y a su familia. Esto último no lo justifican ni los propios catalanes. Ese es el nuevo e inquietante problema, porque a fecha de hoy no ha surgido de la Generalitat ni una palabra de protección al escolar acosado.
¿Por qué esa actitud que roza la falta de humanidad? Solo puede haber dos explicaciones compatibles y complementarias. La primera, que ese Gobierno está tan inseguro que piensa que una sola palabra de protección a un niño por la cuestión lingüística es una rendición. La segunda, todavía peor, es que se envía un serio aviso a todos los demás catalanes que estén pensando en una reclamación como la de los padres de Canet: si ustedes se atreven a reclamar más castellano en la escuela, ya saben a qué atenerse; sus hijos pueden ser acosados sin nadie que los defienda; contra ustedes se podrán hacer manifestaciones con consecuencias imprevisibles porque la gente está muy alterada; si tienen algún negocio cara al público, no se puede descartar que se lo boicoteen. ¿Les suenan estas amenazas que ni siquiera es preciso especificarlas de palabra? Claro que les suenan. Yo no quiero ni mencionarlas. Solo repito que, con este lamentable suceso, la política lingüística de Cataluña sí tiene un problema. Y ese problema se llama intolerancia. Cataluña no era así.