En el otoño del 2018, a los pocos días de tomar posesión como decano de la Facultad de Filosofía de la USC, se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que todos los grupos políticos acordaron por unanimidad devolver el espacio perdido por la Filosofía en la Lomce (la controvertida Ley Wert). Que el Partido Popular, promotor de dicha ley, reconociese el desacierto de haber arrinconado a la Historia de la Filosofía del bachillerato en el cajón de sastre de las materias optativas me recordó al remordimiento de los atenienses después de haber condenado a muerte y ajusticiado a Sócrates. Habían perdido la voz crítica de la ciudad y por las calles de Atenas los ciudadanos caminaban cabizbajos por la injusticia cometida.
Gracias a los medios de comunicación, toda la sociedad conoció esta iniciativa parlamentaria y se congratuló de que la cordura volviese al Parlamento español. Recuerdo perfectamente que una periodista de La Voz de Galicia me felicitó por llegar con buen pie al decanato de la Facultad, a los pocos días que de que se aprobase la mencionada proposición. Le contesté entonces que era una buena noticia, ciertamente, pero que había que esperar a que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cambiase la Ley de Educación y desarrollase los decretos necesarios para devolver a la Filosofía el espacio perdido.
El mismo entusiasmo que suscitó entonces esa noticia que prometía devolver al alumnado de secundaria y bachillerato toda la riqueza de 2.500 años de pensamiento, materializado en las materias que animan a los jóvenes a pensar por sí mismos y en libertad, a conocer los dilemas éticos de nuestro tiempo, los principios de la democracia liberal y de los derechos humanos, el sentido de la existencia y del mundo en que vivimos, el imperativo de la razón ecológica y el respeto por la diferencia, se ha transformado en decepción y desconcierto al conocer los borradores que desarrollan la denominada Ley Celaá (Lomloe), aprobada en diciembre del 2020.
La nueva ley educativa y los borradores de los decretos que la desarrollan incumplen lo prometido en sede parlamentaria, suprimiendo la materia de Filosofía en la ESO, de forma que un estudiante puede concluir la enseñanza obligatoria sin saber qué es y para qué sirve la filosofía. No termina ahí la cosa. La prometida materia de Ética se ha convertido por arte de magia en una hora semanal de una asignatura denominada Valores cívicos y éticos. Salvo en el año robado por el covid, la Facultad de Filosofía compostelana ha acogido con emoción a los jóvenes de secundaria, acompañados por sus profesores, para participar en los debates y presentaciones de la Olimpiada de Filosofía. Me temo que ese ejercicio absolutamente ejemplar de crecimiento personal e intelectual está también en peligro.
La Conferencia Española de Decanos de Filosofía se reunió el pasado día 1 de diciembre para analizar la situación y desde la Red Española de Filosofía se ha enviado al Ministerio de Educación una misiva para que cumpla con lo prometido y reconsidere su posición sobre la presencia de la Filosofía en el sistema educativo.
Yo creo que no es pasión de filósofo ni una reivindicación meramente profesional pedir que no se prive a nuestros jóvenes del pensamiento crítico y autónomo. Puede que sea más cómodo para el Gobierno de turno que la juventud no tenga una voz crítica y un pensamiento autónomo, pero es una tragedia para la calidad democrática de una sociedad.