La realidad de las pensiones de jubilación es compleja y tan dispar que ni siquiera el acceso a ellas es igual para todos. No solo está la diferencia obvia entre las contributivas y aquellas que no lo son, sino que dentro de las contributivas existe una gran cantidad de regímenes especiales (régimen general, mutualidades de funcionarios, minería, marina, agraria…) que las convierte casi en unipersonales.
Pero lo grave es que las jubilaciones parecen ser últimamente un privilegio, e incluso un privilegio desmedido, y no una forma de solidaridad entre generaciones.
Existen desde 1991 pensiones no contributivas para aquellos que no cotizaron. También pensiones con una picaresca derivada de las condiciones para acceder a ellas, sobre todo en cuanto al período cotizado mínimo y al número de años computados para calcular su cuantía. Sin olvidar que un 41 % de las jubilaciones son anticipadas, y únicamente el 4 % de ellas superan la edad legal de jubilación. Pues, aunque estas sean a los 66 o 67 años, en realidad muchas suceden entre los 62 y los 64 años de edad. Cuando no a los 60, como ha ocurrido en algunos colectivos. Lo que ha ido en detrimento de los fondos de pensiones o de los presupuestos del Estado.
Tampoco es frecuente que se recuerde que la Seguridad Social ha soportado históricamente prejubilaciones promovidas por los empresarios en cuantía y número que de haberlo calculado nos sorprendería. Y por ello las pensiones debieran contemplarse como imprescindibles para los trabajadores, pero también para los empresarios que han hecho —en busca de su propia sostenibilidad y rentabilidad— uso de ellas.
El incremento del 0,6 % en las cotizaciones, durante diez años, pactado ahora entre Gobierno y sindicatos para definir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al nunca aplicado Factor de Sostenibilidad, del Gobierno del PP, cuenta con el desacuerdo de los empresarios, contrarios a que la reforma de las pensiones se haga incrementando los ingresos y no recortando las pensiones como posibilitaba el Factor de Sostenibilidad.
El objetivo de reflotar el Fondo de Reserva que el acuerdo conlleva, hasta alcanzar los 50.000 millones en diez años, necesita de una gestión de éxito para alcanzar rentabilidades muy por encima de los fondos de pensiones privados y otras inversiones financieras, tal y como sucedió desde el año 2001 cuando se creó. Entonces un grupo de funcionarios de gran profesionalidad e independencia, y lejos de la controversia política, requisitos imprescindibles, lograron convertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el sexto de Europa por volumen, ganando en 14 años 24.000 millones, con rentabilidades por encima de los fondos de pensiones privados. Y ello sucedió aquí, en una España con funcionarios, no zascandiles, gestores públicos de aquello de todos, empresarios incluidos. Lo que lleva al ensueño con la gestión de los fondos soberanos de la Ciudad-Estado de Singapur.