No escribo este artículo para analizar el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones (MEI), ya que coincido con Escrivá —sin que sirva de precedente— en que la subida de cotizaciones no es inasumible, y que, si algún riesgo tiene, es que sea insuficiente, o que el cuento de la lechera de las rentabilidades generadas por el fondo acabe con el jarrón roto y la leche desparramada, o que se haga otro saqueo provisional —léase in aeternum— para zurcir los rotos de futuras crisis.
Lo que sí deseo comentar es la declaración de Escrivá —«todo el mundo tiene que entender que el estado de bienestar hay que pagarlo»—, que, bajo su apariencia apodíctica, esconde celadas más que discutibles. Cierto es que, en plena floración de un brote populista, no hay sosiego ni tiempo para remontarse ni a los clásicos de la teoría económica de la democracia —A. Downs, Milton Friedman, J. Schumpeter—, ni tampoco a los estudiosos de la crisis del estado de bienestar que diagnosticaron la crisis de 1973 —C. Offe, B. Grave e incluso H. Kitschelt—. Un asunto de enorme complejidad, con fuertes y apasionadas controversias, que convierte en osadía cualquier mención que de él hagamos en un artículo de prensa.
Por eso me limito a recordar que el estado de bienestar no es un concepto unívoco, por lo que difícilmente admite afirmaciones tan simples como la de Escrivá. Porque esa bendita forma de entender la democracia, cuya calidad política y eficacia económica exigen gran afección y compromiso de las amplísimas clases medias que lo sustentan con sus votos y sus impuestos, solo es posible mientras los ciudadanos perciben que la fuerte contribución fiscal que demanda este Estado, que genera sus ingresos en un marco liberal para distribuirlos después con criterios intensamente sociales, conforma un híbrido mucho más rentable —es decir, que satisface mejor las demandas de quienes lo financian— que cualquiera de las formas puras de socialismo —que marran en la productividad— o de liberalismo —que marran en solidaridad e igualdad—, que son sus alternativas.
Eso quiere decir, llanamente, que las clases medias ya son conscientes de que el estado de bienestar hay que pagarlo. Pero no por eso pierden la perspectiva de la rentabilidad. Porque si perciben que el Estado les da los servicios a mayor coste que el mercado, o debilita las empresas y el capital, o distribuye de forma sectaria e ineficiente sus recursos, esas mismas clases medias, sobre las que se inventó y sostuvo el estado de bienestar, empiezan a buscar soluciones milagrosas en el neoliberalismo, mientras las clases bajas prefieren soñar con un Estado nutricio que les permita vivir, sin apenas esfuerzo fiscal, igual que los que más contribuyen.
El estado de bienestar tiene su base en la compleja racionalidad de sus beneficios. Y cuando empieza a dar pérdidas, las clases medias creen, al contrario de lo que dice Escrivá, que no hay que sostenerlo. La teoría es así de simple. Aunque la práctica es endiabladamente compleja.