Según la última EPA, España tiene en paro al 15,3 % de su población activa, el 38,4 % si hablamos del segmento juvenil. Unos datos a los que nos hemos acostumbrado, pero que helarían la sangre a prácticamente cualquier país de nuestro entorno. Y es que España no baja del 10 % de desempleo desde el primer trimestre del 2008, cuando la más que criticable gestión de la crisis por parte del PSOE de Zapatero hizo que se destruyesen cada año la escalofriante cifra de 500.000 empleos.
Esta insostenible dinámica se mantuvo hasta casi el segundo año del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando al fin se consiguió detener esta sangría heredada. España había marcado en el primer tercio del 2013 el récord absoluto de 6.202.700 parados. Fue en ese momento cuando la reforma laboral que se había aprobado un año antes, en el 2012, en plena época de reformas del Gobierno de Rajoy, más concretamente por la ministra Fátima Báñez, empezó a dar sus frutos. Se revertió totalmente la situación, llegando a crear 500.000 empleos al año. Fue tan sobresaliente que, en el 2017, el presidente Rajoy llegó a prometer que en España habría 20 millones de trabajadores en el año 2020. Algo que parecía alcanzable hasta que el espíritu de Zapatero resurgió en aquella moción de censura. Ya en el primer año del Gobierno de Sánchez, pese a tener la misma reforma laboral, se creó la mitad de empleo que en el último mandato del presidente Rajoy. Luego vendría la pandemia y lo que todos conocemos.
Pero, ¿qué es lo que hace esta célebre reforma laboral? Pues sencillamente liberalizar el mercado de trabajo, es decir, como argumentan sus críticos, facilitar el despido, pero también (que de esta parte siempre se olvidan) facilitar la contratación. Y es que la contratación y el despido siempre van de la mano. Puedes facilitar o dificultar ambas, pero nunca solo una de las dos. Esta facilidad permitió a las empresas contratar sin miedo a soportar una inaguantable carga si les venían mal dadas. Y a ser capaces de ajustar sus plantillas en momentos de crisis sin quebrar. Que la reforma ha sido útil y eficaz simplemente lo demuestra el hecho de que, pese a llevar ya tres años de Gobierno sociocomunista, la reforma del PP sigue vigente, porque del dicho de la tribuna parlamentaria a la realidad del mercado de trabajo, hay un trecho.
Ahora, sin embargo, con un suspenso en las encuestas, el Ejecutivo necesita sacar un conejo de la chistera. Y tras haber acabado ya con los blindados presupuestos de Montoro, parece que el Gobierno ha decidido aniquilar el último pilar que resistía del marianismo. Los organismos supranacionales siempre dejaron claro que, pese a que la reforma del 2012 fue muy positiva, solo era un primer paso y se debía liberalizar el mercado de trabajo todavía más. Si bien parece que la reforma que baraja nuestro Ejecutivo llevará el signo contrario, es decir más regulación, un paso hacia atrás.
¿Y qué podemos esperar de una reforma laboral que imite a la que teníamos en los años de Zapatero? Pues evidentemente lo que sufrimos con Zapatero. Un brusco aumento del paro justo antes de aprobarse la nueva reforma, por el miedo de las empresas a cargar con trabajadores que no puedan mantener y tampoco despedir si se aprobase la medida. Mayores dificultades para encontrar empleo al dificultar la contratación, un aumento de las quiebras de empresas en caso de otra crisis, al no poder ajustar sus plantillas libremente. Un desincentivo para las inversiones extranjeras, ya repelidas por las subidas de impuestos. Un mercado de trabajo menos dinámico sería el último clavo del ataúd.
En definitiva, nuestra situación actual es mala, muy mala. Pero, con una reforma como la que plantea el Gobierno, parece que lo único que buscan es empeorarla aún más.