La relación médico-paciente ha evolucionado más en los últimos cincuenta años que en el resto de los siglos. A largo de la historia se mantuvo una actitud paternalista de protección del galeno hacia el paciente, basada en que uno tenía el conocimiento y la ética necesaria y el otro, en una situación de carencia de salud, indefenso y entregado, dejaba hacer al docto en el mal de la enfermedad, el doctor.
Aceptando que es imposible lograr un ejército de bondadosos, la medicina, secularmente, ha sido concebida como una alta vocación. Se ha asumido casi con el sentido de profesar unos votos religiosos, como una tarea de entrega al cuidado de los demás. Hipócrates, médico de la Grecia antigua, instruía ya en esos valores que se han mantenido hasta nuestros días a través del juramento hipocrático. Este clima de alto prestigio del médico mantuvo una relación médico-paciente de transición vertical, con el medico situado en la cúspide de las decisiones.
Para la población era innecesario plantearse derechos, ahora irrenunciables, como el de mediar en las decisiones terapéuticas que nos apliquen, el de estar perfectamente informados, el derecho a reclamar y, como se está viendo ahora en la pandemia del covid-19, el de decidir sobre nuestra salud o incluso sobre la de los demás.
Hemos cambiado a una relación médico enfermo transversal, incluso oblicua con la voluntad del paciente, que asume los riesgos, por encima de las decisiones de los que atesoran el conocimiento para intentar curarle o mantenerle sano.
El balance riesgo/beneficio, que debe estar siempre presente, se resiente si la opinión del médico está en un plano secundario. Esto no quiere decir que los médicos estemos en contra de los derechos de los pacientes, todo lo contrario; fueron médicos de la Asociación Americana de Hospitales los que, en 1973, los establecieron a través de la Carta de Derechos del Paciente. Fue la primera vez en que se reconoció la potestad del paciente de disponer de una completa información sobre su enfermedad y la de decidir entre las distintas opciones disponibles. No fueron los ciudadanos, ni los políticos; fueron los médicos los que convierten al paciente en un adulto autónomo y libre.
Increíblemente, habían transcurrido casi doscientos años desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional de Francia en 1789. Precisamente, en su difusión y conocimiento, Galicia contribuyó con una trascendental pincelada, porque Antonio Nariño, periodista y prohombre de la independencia colombiana, hijo de un emigrante gallego de Val do Dubra, fue el primer traductor del texto francés al español. Colombia lo recuerda como uno de sus dirigentes más preclaros y le ha homenajeado denominando Palacio Nariño a la residencia oficial del presidente del país, en el centro histórico de Bogotá.
Si Nariño, una mente vivísima, acusado de anticatólico, estuviese entre nosotros, sabríamos si ese retraso de dos siglos en la aparición de los derechos del paciente pudo deberse a que los médicos estuviesen imbuidos y evaluados por y desde la imagen de profesión asumida como sacerdocio.