Nunca tan pocos hicieron tanto ruido por una simple manifestación. Me refiero a esos radicales homófobos que ocuparon la calle del barrio madrileño de Chueca con gritos y consignas contra los homosexuales. Fueron unas decenas de tipos, pero este domingo dieron la noticia política del fin de semana. Tal como los trataron los medios y los partidos políticos -incluido Vox, para sorpresa de algunos- dio la impresión de que se trataba de una rebelión ciudadana contra el avance del movimiento LGTBI. La ministra de Igualdad anunció la presentación de una querella. «Esto es la punta de lanza de la ola reaccionaria», calificó Íñigo Errejón. Podemos y Más Madrid exigieron la dimisión o el cese de la delegada del Gobierno. Tal exageración procede del clima sensible creado por las agresiones homófobas, por el discurso del odio y por la simbología nazi utilizada por los manifestantes.
Ayer la Fiscalía anunció una investigación y vive Dios que es precisa. Hace falta aclarar si la asociación vecinal -porque ha sido una pacífica asociación vecinal la que convocó y comunicó a la autoridad administrativa la protesta- es un grupo neonazi camuflado. Hace falta saber si la Delegación del Gobierno ha sido engañada, porque se adujo como motivo las Agendas 2030/2050. Hace falta saber si esa delegación tenía conocimiento de quiénes eran los comunicantes. Y hace falta saber si el respeto a la libertad constitucional de expresión y de manifestación va a servir para todo: para rendir homenaje al etarra Parot, autor de 39 asesinatos, o para incitar a la violencia por razones de identidad o de inclinación sexual.
Este cronista no se suma a quienes pidieron la dimisión de la delegada. Si la ingenuidad es motivo para enviar a casa a un cargo público, no hace falta un delito de odio. Pero sí hace una consideración que le parece seria y trascendente: vale que unos radicales engañen a la autoridad sobre los objetivos de una convocatoria de masas; vale que esa autoridad no perciba el engaño; vale que no se pueden hacer prohibiciones preventivas; lo que no vale es que el derecho de manifestación no tenga límites en la práctica; lo que tampoco vale es que la bandera nacional sea mezclada con símbolos nazis sin que nadie lo impida; y lo que no vale de ninguna forma es la actitud tolerante de los mandos de la policía local y nacional.
Quizá no se puedan hacer prohibiciones preventivas. Pero, una vez comenzada la manifestación, oídas sus reales intenciones, escuchados sus gritos y vistas sus pancartas, alguien tiene que ordenar la actuación de la policía y, si hace falta, la detención de los cabecillas. Y un añadido: ya está bien de que la bandera de España sea utilizada precisamente por la extrema derecha y sus grupos de agitación. De esa forma, la enseña terminará siendo percibida como un símbolo de la ultraderecha, si no lo está siendo ya.