Con su acreditado talento para disparatar, Iceta ha comparado la llamada mesa de diálogo entre el Gobierno y no se sabe muy bien quién, que hoy se constituye en Barcelona, con las conversaciones de paz celebradas tras la guerra de Vietnam. Aunque su objetivo no fuera equiparar una contienda devastadora y el que el propio Iceta denomina el conflicto catalán, sino aludir a la ausencia en ambos escenarios de un acuerdo de base para iniciar el toma y daca, lo cierto es que Iceta se equivoca, y como siempre a su favor. Pues, por más que sea cierto que entre Gobierno y separatistas no haya un pacto sobre qué debe negociarse, en todo lo demás, que es mucho, el partido empieza con una goleada del equipo local (el secesionista) sobre el equipo visitante (el Gobierno nacional).
El Gobierno (1-0) admite la tesis esencial de los separatistas: la existencia en Cataluña de un conflicto político. Lo cierto es, sin embargo, que ese supuesto conflicto desaparecería en realidad si quienes lo han promovido hasta organizar un acto de sedición contra el Estado -los mismos, por cierto, que afirman ser los únicos que pueden resolverlo- aceptasen que cualquier diferencia política puede afrontarse solo dentro del respeto a la ley, que es lo que, con un increíble cinismo, simulan ofrecer los separatistas a cambio de que se acepte su chantaje inadmisible.
El Gobierno (2-0) acepta debatir con los secesionistas en una mesa creada al margen de cualquiera de las instituciones ya existentes para la negociación territorial, lo que sienta un gravísimo precedente al que podrían agarrarse en el futuro todas las demás comunidades españolas.
El Gobierno (3-0) accede a establecer un diálogo no solo entre iguales (lo que supone asumir que el ejecutivo nacional y el autonómico están en idéntico plano desde el punto de vista de su representación), sino, lo que es mucho peor, asume que los secesionistas hablan en nombre de toda Cataluña (gran falsedad) y que solo ellos gobiernan la comunidad, cuando es evidente que el Gobierno de España lo es también, por definición, de Cataluña, que envía al Congreso 48 diputados, solo menos que Andalucía.
El Gobierno (4-0) consiente en constituir la mesa en Barcelona, lo que supone pasar por el aro simbólico de que todo lo que afecta a Cataluña solo allí puede tratarse: el Ejecutivo nacional acepta convertirse en un mero visitante en un partido en el campo del local, alegóricamente el de los separatistas.
Pero nada de eso importa, al parecer, a Pedro Sánchez, quien insiste en que no se hablará de autodeterminación ni de amnistía (¡ya para qué!) sino de una consulta pactada dentro de la Constitución. Con el punto de partida que he intentado resumir y lo que vale la palabra del presidente («no pactaré con Podemos», «nunca negociaré con los separatistas», «los sediciosos cumplirán íntegramente sus penas») hoy ha comenzado un camino que puede acabar en cualquier sitio. También en la celebración de un referendo fraudulento sobre la separación de Cataluña.