Se acierta al observar todo lo que se encierra en las leyes de aguas, de costas, de vientos o de sol, incluso del gas natural, o minería, por citar las que regulan y amparan, o al menos condicionan, el uso de recursos naturales. Por eso impacta que, disparado el precio de la energía, y energías hay muchas, determinados embalses se hayan vaciado -con conocimiento o no de la confederación hidrográfica correspondiente- hasta límites lesivos para lo público.
Las leyes del agua sucesivas pusieron a cero los 75 años de concesión, concesión asociada a una fuerte inversión privada, en 1985, y lo confirmaron en el 2001. Un sucinto repaso a nuestra historia industrial y financiera nos ayudará a comprender el enredado panorama de la energía a partir de la nacionalización socialista de la red eléctrica en 1983 y el endeudamiento brutal de las eléctricas entonces, paliado con la moratoria nuclear que aún nos condiciona y otras medidas, para continuar en el 2005 con la OPA a Endesa de Gas Natural y lo que vino.
Pero si tal sucede con los embalses y la energía, no dudemos que algo semejante se observa en el espacio marítimo terrestre. Precisamente por ello, la ley de costas de 1988 fue reformada en el 2013. Para atender también las concesiones y sus prorrogas, que han sido objeto de reivindicaciones. Hasta el extremo de que se han sumado las comunidades de montes en mano común, que solicitan no verse limitadas en sus actividades en la franja de protección de costas establecida por ley, salvo para el caso de «actividades peligrosas». El caso más estridente en este dominio es el de Celulosa de Pontevedra, que luego del éxito de la prórroga de la concesión por el Gobierno popular sufrió un duro golpe con una primera resolución judicial que la anulaba.
Celulosa de Pontevedra se asienta en una concesión en el dominio público marítimo terrestre, a lo que no ha sido ajeno que en los años 50 fuera creada por el INI. Lo que no ha sucedido con la Celulosa de Navia creada en los 70, en terrenos privados, y propiedad de aquel Banesto industrial, no el de Mario Conde, que luego de las sucesivas crisis de 1973 y 1979 que tanto afectaron a los bancos industriales pasó primero a manos de una empresa inglesa y posteriormente a una estadounidense. Para acabar, en pleno proceso de privatización de Ence y antes de su salida a bolsa, siendo comprada por la SEPI en 1998 con el afán de que una Ence reforzada lograra una mejor venta. Y es precisamente en ese origen, y en la propiedad del suelo, donde quizá sea posible ver las diferencias entre una y otra biofábrica, más allá de territorios y gentes. Una historia industrial que también alcanza a la cogeneración e incluso a la inversión en viento, a veces frustrada por alguna administración, para trasladar Ence hace diez años. Giros en la política industrial y financiera, administraciones por medio. Al cabo, las concesiones y su gestión. «Impactante», dicen algunos ahora. Asombrándonos.