Es como si nos hubiéramos acostumbrado a todo. Un rey emérito que cumple ya un año fuera de su país, sobre el que pesan graves acusaciones y que está siendo investigado en Suiza y España. Un ministro del Interior procesado por organizar una trama, la llamada operación Kitchen, sufragada con dinero público para sustraer a Luis Bárcenas las pruebas que podrían incriminar a su partido. Son solo dos ejemplos, los que ahora mismo más llaman la atención, escándalos mayúsculos que habrían hecho tambalearse los cimientos de cualquier democracia. Aquí parece que forman parte del paisaje. Es como si hubiéramos asumido que la corrupción es algo inherente al sistema. Además, la impresión más que fundamentada es que lo que aflora es una parte ínfima de la ciénaga. En este escenario, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por el PP provoca desconfianza, cuando no rechazo, hacia la justicia en amplios sectores sociales, basados en decisiones judiciales en las que se detecta un determinado sesgo político. Esta situación es muy dañina y hace un tremendo daño a la democracia. Dicho lo cual, en este país ya han sido condenados o están procesados un vicepresidente del Gobierno, ministros, presidentes autonómicos, destacados banqueros y empresarios y el yerno del rey. Esto habla de la extensión de la corrupción en los altos niveles del Estado, pero también de que la justicia ha funcionado, aunque no siempre. Lo peor sería que los ciudadanos conviviéramos como si tal cosa con la corrupción, sin indignarnos. Sea de un bando o de otro. Ese es el caldo de cultivo de lemas populistas tan peligrosos como «todos los políticos son iguales» o «la justicia no es igual para todos». Por cierto, ¿lo es?