Hoy entra en vigor en España la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Un triunfo de la razón subjetiva sobre la razón objetiva que, en mi opinión, no es positivo porque simplemente disuelve los problemas relacionados con el sentido de la existencia humana, pero no los resuelve.
La dignidad humana y la calidad de vida no deberían estar sujetas a condiciones subjetivas atribuidas por la propia persona ni por su entorno.
Más allá del debate de ideas, me preocupan especialmente los aspectos prácticos de la aplicación de la ley, como ya señalé aquí mismo en un par de ocasiones. Hoy me centro en lo que va a pasar en los hospitales y las residencias de ancianos o de personas con discapacidad católicas. Y para que nadie se lleve a engaño, han sido las propias instituciones religiosas del sector las que han querido dejarlo claro con la publicación este pasado miércoles de un manifiesto en el que declaran que en sus centros no se practicará la prestación de la ayuda a morir.
Me parece un planteamiento valiente y necesario. Porque no solo hay que proteger el ethos individual, también el ethos colectivo o institucional merece máxima consideración y respeto. Y de la misma manera que la ley no obliga a nadie a pedir la eutanasia, como no se cansan de repetir sus partidarios, tampoco nadie está obligado a recurrir a los servicios de las instituciones católicas. Había que dejarlo claro, y se ha hecho.