Si alguien tenía aun alguna duda sobre cual es la disposición al diálogo de los separatistas catalanes, el viernes pudo despejarla: el mismo Aragonès que horas antes había tratado como un trapo al jefe del Estado, que lo es porque así lo dispone la misma Constitución que le atribuye su poder al presidente de la Generalitat, cogió el portante y se fue de viaje a Waterloo a cumplimentar al presidente del fantasmal consejo de la república catalana: el fugado Puigdemont.
Tras la reunión, ambos mandatarios (el salido de las urnas y el que salió por pies de España para evitar ser juzgado como cabecilla de un golpe de Estado) confirmaron al alimón lo que todos los secesionistas catalanes llevan proclamando desde mucho antes de que Sánchez anunciara que indultaría a los golpistas del procès: que esos indultos «no son una solución política al conflicto».
¡Pues claro! La concesión de los indultos no será sino otra más de las muchas exigencias que los hoy secesionistas, y antes nacionalistas, vienen planteando desde que comenzó la Transición para solucionar lo que antes era el problema y ahora es el conflicto catalán.
Esa -nadie debiera equivocarse- es la cuestión. Por eso yerra Garamendi, como yerran los obispos catalanes, al creer (o hacernos creer) que, concedidos los indultos, comenzará una leal negociación entre dos partes que aceptan el mismo marco de juego para discutir sus posiciones: el fijado por la Constitución. Muy de lejos de ello, lo que están dispuestos a negociar los separatistas catalanes con el Gobierno es que se les conceda lo que conseguirían por medio de un golpe de Estado (la independencia) a cambio de no dar otro golpe de Estado, que en el falsario lenguaje que se utiliza desde hace tiempo en Cataluña (como antes en el País Vasco) se denomina asépticamente «solución unilateral».
Y esto, para decirlo claro y pronto, no es una negociación sino un chantaje en toda regla, pues el centro de la discusión no reside en lo que cabe obtener dentro de la legalidad constitucional sino en el respeto mismo a aquella: un respeto que solo aseguran los separatistas a cambio de obtener, violando tal legalidad con la complicidad del Gobierno, lo mismo que obtendrían saltándosela a la torera.
Todo eso, claro, lo sabe Pedro Sánchez, que lanza la engañifa de que la concesión de los indultos es solamente el primer paso de un diálogo futuro como un medio para reducir la gran oposición social al perdón de los golpistas. El perdón que le asegurará al Gobierno de coalición llegar al final de la legislatura: tal y no otro es el auténtico objetivo del presidente del Gobierno, que está dispuesto a obtenerlo aunque sea al precio de tragarse el delirante argumentario de los golpistas, aceptación que, lejos de acercar cualquier posible solución del desafío separatista a la unidad nacional, tiende a alejarla, al asumir el chantaje como el modo habitual de hacer política de los secesionistas. Tal perversión será lo único que trágicamente se normalizará con los indultos.