En ocasiones los argumentos que manejan los gobiernos para tomar ciertas decisiones son muchísimo peores que las propias decisiones adoptadas, pues producen efectos políticos y sociales más nocivos. Así ocurre con los indultos que el Gobierno otorgará a los sediciosos que se levantaron contra la Constitución con la delirante pretensión de declarar la independencia de Cataluña. Sabedor el Ejecutivo de que la inmensa mayoría del país está en contra de indultarlos (el 80 % frente al 20 %, según todas las encuestas), de que lo está una mayoría de los votantes socialistas y aun de los militantes del PSOE, a los que se han ido uniendo en un goteo incesante importantes ex dirigentes y dirigentes del partido, Sánchez e Iván Redondo han organizado una campaña para justificar el indulto mucho más dañina para nuestra democracia que la puesta en libertad de 12 presos que, en realidad, y con el permiso de la Generalitat, hacen ya desde hace tiempo lo que quieren.
La primera tentación de Sánchez y su vicepresidente en la sombra fue, claro, la de siempre: llamar fascistas a quienes nos oponemos al indulto, operación cortocircuitada por las manifestaciones de relevantes socialistas. Porque al PSOE, que no le tiembla el pulso para tildar de fascista a Savater, pese a haber sido durante años el español más destacado en la lucha antifascista contra ETA, ha debido parecerle que acusar de fachas a González, a Guerra y a varios de sus presidentes autonómicos era ya demasiado.
Se pasó entonces al argumentario de la concordia y de la paz para acabar con un viejo conflicto, por un lado, y a la consideración de las condenas como una venganza y una revancha, por el otro. Es decir, se asumió el argumentario que vienen manejando los secesionistas contra España. En Cataluña hay un conflicto, dicen, del que es culpable un Estado que se niega a negociar con los secesionistas sus reivindicaciones y, entre ellas, la de la autodeterminación. De hecho, siguen diciendo, fue la imposibilidad de negociar con España un referendo la que los forzó a actuar por su cuenta e intentar declarar la independencia. Las condenas a los presos del procés no serían, en fin, más que la consecuencia final de una injusticia que el Estado, mediante la amnistía, tiene la obligación de reparar.
Y en eso están Sánchez y el Gobierno: en conceder una amnistía encubierta para poner fin a unas condenas que serían una venganza; y para abrir una mesa de negociación que ponga fin al conflicto de una vez mediante un pacto. Entregadas ya las llaves del castillo, pues no otra cosa es aceptar irresponsablemente el argumentario secesionista, veremos qué hace Sánchez cuando compruebe lo que ya sabemos millones de españoles: que con los que exigen la independencia no hay negociación posible, pero que todo será mucho más complicado para el Estado cuando quienes deberían defenderlo han compartido, con la única finalidad de seguir en el poder, las mentiras y manipulaciones manejadas contra España por sus declarados enemigos.