¿Hasta cuándo puede aguantar un Gobierno sin dar explicaciones de un asunto sobre el que hay sospechas muy graves de ilegalidad, amiguismo y arbitrariedad por valor de 53 millones de euros?
Hablo de Plus Ultra, la compañía aérea de la que estoy convencido que nadie en España sabía nada hasta hace dos meses. Normal: no está entre las 30 primeras aerolíneas de nuestro país; tiene un 0,1 % de cuota de mercado en número de pasajeros. Y, sin embargo, el Gobierno aprobó el 9 de marzo una ayuda de 53 millones para esta empresa.
El 6 de abril presenté una denuncia en Bruselas por ayuda de Estado ilegal. El Gobierno envió entonces sus justificaciones a la Comisión Europea, que luego yo he contestado. En su intento de respuesta, el Gobierno no solo no elimina las sospechas, sino que confirma todas las bases de la denuncia.
Plus Ultra no es una empresa estratégica; el propio Gobierno reconoce en su escrito que, si la aerolínea desapareciese, hay otras que cubren las tres rutas que hace (Ecuador, Perú y Venezuela). Estaba en crisis antes del covid-19, lo que la invalida para recibir la ayuda que recibió, y tuvo que recurrir a un truco contable, un préstamo simulado de Panacorp, un banco situado en el paraíso fiscal de Panamá, que el Gobierno no comprobó. La ayuda es el triple de la permitida. La empresa no es viable, y no podrá devolver el préstamo en el plazo estipulado; y en la dirección de la compañía hay personas, investigadas por corrupción y blanqueo de capitales, ligadas al Gobierno chavista de Nicolás Maduro. Lo mismo ocurre con los dirigentes de Panacorp.
Es evidente que Plus Ultra no es estratégica para España, y que jamás debería haber recibido los 53 millones de euros: por las razones expuestas y documentadas ante Bruselas; por la manifiesta injusticia que supone que una empresa así haya recibido este dinero, cuando hay cientos de miles de pequeñas y grandes empresas y autónomos que luchan para sobrevivir después de la crisis del covid-19, en Galicia y en todo el país; y porque España no puede permitirse que Bruselas y los socios comunitarios sospechen lo más mínimo del empleo de dinero público justo ahora, cuando estamos en el proceso de discusión y atribución de los fondos europeos; no podemos permitirnos la menor duda sobre la credibilidad de España.
El presidente del Gobierno debe dar explicaciones claras y urgentes a los contribuyentes que hemos pagado el rescate y la empresa debe devolver todas las ayudas recibidas.