En una reciente conversación con un empresario de hostelería sobre los estragos de la pandemia, me sorprendió que cuando le señalé la Xunta y su responsabilidad afirmó convencido que «el gobierno autonómico no tiene dinero si no se lo manda Madrid». Así es la comprensión de la autonomía, de los impuestos -incluido el 50 % del IRPF autonómico- y de las competencias de los gobiernos de las comunidades autónomas, camino de una irresponsabilidad fiscal virtual. O una «guerra de los botones» con los impuestos entre el Gobierno y las autonomías y también entre ellas.
El tiempo debilita los recuerdos, pero la realidad es que en diciembre del 2011 el Gobierno de Rajoy y de Montoro, que impidió un rescate a España, rescató a la banca sin coste para ella, subió todos los impuestos, recortó salarios públicos y también partidas presupuestarias para derechos sociales. Mientras, en la Comunidad de Madrid se mantenía el mantra de la derecha madrileña: en crecimiento o en recesión, menos impuestos. Una receta de obvios resultados electorales en esa comunidad. Por eso la supresión madrileña del impuesto de transmisiones o de patrimonio actúa además como señuelo para el cambio de residencia fiscal y la atracción de rentas altas. De ahí también que tal tipo de señuelos de rebaja o supresión de impuestos los hayan empezado a utilizar comunidades deficitarias fiscalmente como Andalucía y Castilla y León, al tiempo que reclaman la solidaridad del Estado y de las otras autonomías o de la UE. Es fácil adivinar que, mientras no gobierne, Pablo Casado se sumará también a la rebaja de impuestos, por ver si lo rentabiliza electoralmente y cohesiona su partido y a sus barones, no todos convencidos de la exención fiscal madrileña.
La realidad sin embargo es otra, más parecida a la de Rajoy y Montoro, por mucho que se niegue la necesidad de los impuestos. La derecha promete bajar o quitar impuestos propios de las rentas altas. Pero en su ideario no está rehacer a la baja las tablas de cotización del IRPF entre los 12.000 y los 60.000 euros anuales, por más que esos tramos supongan el 60 % de las declaraciones de renta en Rendimiento Neto y un 70 % de su importe en el conjunto del IRPF. Por su parte, la izquierda dice que subirá los impuestos solo a los tramos de renta superiores a los 60.000 euros, que apenas alcanzan el 5 % del rendimiento neto de las declaraciones y el 17 % de su importe, lo que es insuficiente.
Pero ni unos ni otros entran a reformular las tablas de cotización, amparándose en cuestiones técnicas como eliminar exenciones fiscales en planes de pensiones, declaración conjunta o compra de vivienda, pero nunca sobre el reparto de cargas que, si no alcanza un nuevo planteamiento general de los impuestos, incluido el de sociedades y las grandes multinacionales al estilo prometido por Joe Biden en los EE.UU., carecerá de credibilidad para atender las necesidades del país. Conviene recordar que el déficit supera los 120.000 millones de euros, para la derecha y para la izquierda. En su caso.