Si un delincuente le revienta su puerta y roba un jamón, y lo detienen, va apañado. Porque, tras unos años de martirio procesal, tendrá que pagarle la puerta y probar la cárcel. Pero si ese mismo señor le revienta la puerta, se come el jamón, y se instala en su casa durante dos años, el que va apañado es usted. Porque pasará a ser tratado como un capitalista que, aprovechando las contradicciones del sistema, contribuyó a crear la injusta marginación que sufren los rompedores de puertas, y tendrá que pagar de su bolsillo los graves y humillantes destrozos materiales y morales que le causen.
¿Por qué sucede esto? Porque la parte del Código Penal que trata de los jamones está redactada con mentalidad medieval -«el que la hace la paga»-, mientras que el que se refiere a los okupas rezuma una mentalidad populista y utópica, de corte buenista y resabios maniqueos, que todo lo concede con tal de ser progresista.
Si preguntamos a la gente si el Código Penal español es democrático y avanzado, o franquista y rancio, todos dirán que somos la luz del mundo, y que ganamos el oro en todas las competiciones de reformas penales. Pero la dura realidad es que todas nuestras reformas se basan en el aumento de penas y la relajación de las garantías de los procesos que se desarrollan bajo el tufo de la alarma popular; y que, incapaces de abordar reformas congruentes y sistemáticas, vamos improvisando por aquí y por allá, de forma siempre reactiva, hasta crear un laberinto de penas disparatadas y de justicia correcta -en el peor de los sentidos- que después no sabemos gestionar ni complementar con medidas de prevención y reinserción.
Tiene razón la Xunta en su intento de evitar que el okupa sea tratado como un bandido generoso, cutre, pero heroico. Pero en modo alguno me parece acertado que esta buena intención se trate de instrumentar tirando de cárcel teórica y frustración práctica. Basta con que el que roba, hurta o se apropia de una casa por el método okupativo, sea tratado como el que roba, hurta o se apropia de cualquier otra cosa, dejándose de las monsergas y distingos redentores que, para ganarse el marchamo progresista, convierten el mayor atentado que hay contra la propiedad privada -que es la invasión de nuestra casa, nuestra intimidad, nuestra cultura, nuestros secretos y nuestros recuerdos- en un simple rebrote de marginalidad e desigualdad que debe ser compensado, con impunidad absoluta y cruel, en el punto que más nos duele. Los ciudadanos no necesitamos que el okupa vaya a la cárcel. Solo queremos que si alguien nos invade la casa nos la devuelvan en menos de media hora, y antes de que nos la profanen. De ninguna manera nos oponemos a que el gravísimo desorden que implica la okupación sea corregido con una beca para hacer un máster en Boston. Porque el Medievo pasó, y ya sabemos que el castigo del delincuente no equivale a la reparación de los males. Lo único que queremos es que el Estado siga garantizando, ¡vaya por Dios!, que «mi casa es mi castillo».