El cordón «progresista» contra Vox


La aparición de Vox, con apoyo electoral creciente en casi toda España (Galicia constituye, por suerte, una excepción), es, junto con el surgimiento de Podemos, la peor novedad de nuestra política. El tajante populismo del partido de Abascal (mezcla de rancio nacionalismo español, xenofobia mal disimulada y radicalismo reaccionario en materia de costumbres) ofrece una supuesta alternativa al electorado más conservador que está harto, con razón, de la desafiante chulería del independentismo y de la cínica demagogia revolucionaria de Podemos. Nótese bien que digo supuesta alternativa porque la existencia de Vox -¡no se engañen sus votantes!- es para el PSOE la mejor garantía de seguir en el Gobierno y para Podemos y los independentistas, de continuar teniéndolo cogido por el cuello.

Pero Vox no solo divide el voto del único partido que, por su centralidad, y como ya sucedió en el pasado, podría ser alternativa a la disolvente mayoría Frankenstein, sino que permite además vender como un frente ¡progresista! el formado por fuerzas que van desde el PSOE hasta EH Bildu, con la disculpa de que hay que parar al gran enemigo fascista que, dicen, amenaza nuestra democracia.

La última manifestación de tan desvergonzada componenda es el pacto del PSC con los secesionistas para formar un «cordón sanitario» contra Vox. Es decir, y para entendernos, el PSC, que es un partido democrático, más allá de su esperpéntica confusión territorial, expulsa a Vox de la vida institucional en comandita con fuerzas que se han sublevado contra el Estado constitucional, que están aliadas a los herederos de terroristas que cometieron miles de crímenes y que acaban de defender sin disimulos que unos vándalos incendien y saqueen varias ciudades con la pretensión de ser antifascistas. Como escribía hace tres días el eurodiputado socialista López Aguilar en un diario digital, «hay algo peor que banalizar el fascismo: ¡La insoportable indecencia de la banalización del antifascismo!».

La practica de excluir de la vida institucional a los partidos con ideas extremistas se aplica hoy en algunos países europeos, aunque -no seamos papanatas- con muchas más proclamas que hechos políticos ciertos, pues cuando las ganas de poder aprietan ni los cordones sanitarios se respetan. Pero, a diferencia de España, se aplica tanto al extremismo de izquierdas como al de derechas.

Lo que supone el colmo de la desfachatez es acordar, presentándola como una medida pretendidamente progresista, la expulsión a los infiernos de un partido extremista de derechas que ni ha cometido delito alguno ni ha defendido jamás para alcanzar sus fines el uso de medios ilegales o violentos. Y hacerlo con quienes han violado las leyes y la Constitución, vulnerado el Código Penal, defendido o disculpado durante años el terrorismo y jaleado como lucha democrática la violencia callejera. Y ese, siento decirlo, es el caso actual, seguro que escandaloso para cientos de miles de antiguos votantes socialistas, del PSOE y el PSC.

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