Desde la recuperación de la democracia en 1977 hemos vivido en España un ininterrumpido proceso electoral: ocho elecciones europeas, 15 generales, 46 autonómicas no agrupadas, 132 autonómicas agrupadas y 11 municipales. Si añadimos 10 referendos, la suma es impresionante: 222 consultas en poco más de cuatro décadas, una media de cinco cada año. En ninguna, excepto en las generales de 1989, tras las que se impugnaron los resultados en un número significativo de provincias, ha habido más incidentes que los inevitables cuando varios millones de personas son llamadas a dirimir con su voto el reparto del poder. Ninguno de ellos, por lo demás, digno de mención.
Rompiendo con esa sana tradición, hoy tienen lugar en Cataluña unas elecciones que llevan en su ADN el gen de la discordia: el nacido del agrio debate sobre la fecha misma de la votación. Aunque estoy convencido de que todos los contendientes -tanto los que querían que las elecciones fuesen hoy, como quienes exigían posponerlas- defendían la fecha que creían que se ajustaba mejor a sus respectivos intereses, lo cierto es que, al contrario que en Galicia y País Vasco -donde los comicios se retrasaron por acuerdo de todos los partidos- en Cataluña va a votarse en una situación totalmente inoportuna para la celebración de una jornada electoral. De hecho, una coyuntura mucho peor que la que provocó el retraso de las elecciones vascas y gallegas. Cataluña, como todo el resto del país, está sanitariamente en riesgo extremo (nivel 4), que es el peor de los posibles, con más de 250 infectados por 100.000 habitantes en los últimos catorce días y con más del 25 % de las camas uci ocupadas por enfermos de covid-19, entre otros parámetros que marcan la gravedad del momento sanitario.
La situación es tal que en torno a 35.000 -más del 32 % de los ciudadanos llamados a formar parte de las 9.100 mesas habilitadas para votar- han presentado alegaciones para ser eximidos de su deber, lo que nunca había acontecido.
Suceda lo que suceda finalmente, es decir, se constituyan o no la mayoría de las mesas, puedan o no votar todos los que quieran hacerlo e influya o no la existencia de un riesgo extremo sanitario en la participación en los comicios -lo que, de ser el caso, provocará un arrancamoños entre los partidos que hará palidecer al que ya los enfrentó-, las elecciones de hoy, más allá de sus resultados en términos de reparto de votos y de escaños en el Parlamento catalán, plantean una cuestión de muchísima importancia: la de hasta dónde puede llegar el Estado en la imposición de obligaciones a los particulares (formar parte de una mesa), o en la fijación de condiciones de riesgo para el ejercicio de un derecho, en este caso el de votar, que también es un deber ciudadano. Porque parece razonable sostener que en una sociedad democrática no debería pretenderse que haya que anteponer tal obligación ni tal derecho al que todos tenemos a proteger nuestra salud y la de los nuestros.