De nuevo, han protegido a los okupas

Fernando Peña López, Consejero Académico de Vales y Asociados PUNTO DE VISTA

OPINIÓN

César Quian

23 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado martes el Gobierno aprobó un decreto-ley para proteger a los «consumidores vulnerables». Se trata de una materia muy interesante que, de por sí, merecería que se le dedicasen muchos comentarios como este. Sin embargo, en una línea a la que ya nos tiene acostumbrados nuestro legislador, el decreto-ley ha servido para regular otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con los consumidores vulnerables.

La que ha causado más revuelo mediático es, sin duda, una reforma de las reglas sobre desahucios que afecta, entre otros, a los comúnmente llamados okupas. Desde la publicación del decreto-ley, en los medios de comunicación hemos podido leer diversas opiniones políticas acerca de esta norma. En esos comentarios, sin embargo, se explica insuficientemente su contenido. En las líneas siguientes, intentaré cubrir ese hueco.

La reforma modifica un aspecto puntual de una norma sobre desahucios ya existente. Esa norma permite al juez parar hasta el fin del estado de alarma los desahucios de las personas que están en un inmueble de forma injustificada, siempre que se den las siguientes condiciones: a) el propietario debe ser dueño de más de diez viviendas, b) el ocupante debe haber ocupado o permanecer en el inmueble llevado por una situación de extrema necesidad, c) la vivienda no puede ser la residencia habitual o la segunda vivienda de un persona (del propietario, de un inquilino, etcétera) y d) el ocupante no puede haber entrado en el inmueble cometiendo un delito.