Madrid, ¿oasis o paraíso fiscal?


Una enmienda presupuestaria de ERC, a propósito del impuesto sobre el patrimonio, ha destapado la caja de los truenos. Primero, por quien lo propone y su finalidad explícita: un independentista que pide al Gobierno que ate en corto a las comunidades autónomas, acabe con el dumping fiscal y clausure el «paraíso fiscal» de que disfrutan los ricos madrileños. Y segundo, porque se considera que la enmienda significa un primer paso -el segundo pasaría por el impuesto que grava las herencias- hacia la armonización fiscal que pretende la ministra Montero. Puesto que la polvareda levantada impide ver los árboles del bosque tan frondoso, me permito esbozar un par de reflexiones con afán clarificador. Y sin acritud, que diría el Felipe González de antaño.

Autonomía financiera y armonización fiscal son dos conceptos contrapuestos y difíciles de conciliar. Lo vemos perfectamente en el caso Rufián contra Ayuso. Madrid decidió en su día eliminar el impuesto sobre patrimonio. No de iure, que no podía, sino de facto, que sí puede: mediante una bonificación del 100 %. Me repele esa medida, al igual que la política fiscal que propone la derecha, pero tampoco comparto el método utilizado para derogarla: una enmienda que achica la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Puestos a elegir, preferiría el expeditivo método aplicado por Zapatero cuando, en el 2008, suprimió de un plumazo el impuesto del patrimonio en toda España. Y no ardió Troya.

Tampoco comparto la imperiosa urgencia de armonizar el impuesto. Considero una exageración tachar a Madrid de paraíso fiscal y acusarla de practicar el dumping. Un paraíso fiscal no es un lugar donde los ricos se solazan y beben daiquiris a la sombra de las palmeras, sino un escondite de dinero negro. Y el dumping lo practica quien puede, porque tiene soberanía fiscal como Irlanda o Luxemburgo, y no quien quiere, porque sus atribuciones son limitadas. Yo no he visto nutridas colas de sufridos contribuyentes que esperan turno para empadronarse y morir en Madrid, requisito indispensable para beneficiarse de las rebajas de Ayuso: no pagar patrimonio en vida, ni sucesiones después de muertos. De las empresas ni hablo: saben que el impuesto sobre beneficios es idéntico en Madrid y Barcelona. Otra cosa es la picaresca: el que finge habitar en Madrid, pero vive y trabaja en Tordesillas. Pero eso, que llamamos fraude, requiere otro tratamiento.

A Madrid, en vez de paraíso fiscal, quizá le cuadre mejor la denominación de oasis fiscal. La fuente donde se refrescan los ricos. Un privilegio que puede ser cancelado sin reducir un ápice la autonomía fiscal de la comunidad. Al contrario: más autonomía fiscal, pero vinculada al gasto. Cataluña recauda más de 500 millones por patrimonio, Madrid ingresa cero euros. Pues ya saben, Cataluña podrá gastar 500 millones más que Madrid. Una eligió menos ingresos, la otra menos gasto. ¿Y eso cómo se decide? En la negociación del sistema de financiación autonómica. ¡Ah, largo me lo fiais!

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