En los últimos años se ha ido agravando el anhelo de independencia de Cataluña, como consecuencia _básicamente_ de haber logrado controlar la educación desde la aprobación de la LOGSE en 1990. Ese sentimiento independentista es utilizado por la clase política catalana como un mero instrumento de división de la sociedad -la de los catalanes entre sí, y la de los catalanes con el resto de España-, con la única finalidad de desviar la atención del pueblo ante otros problemas y mantenerse en el poder. Y de esta forma consolidar la riqueza generada, así como asegurarse la que esté por llegar. No se puede olvidar que «la pela es la pela».
Todo lo anterior ha influido en Cataluña hasta convertirla en una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal en materia de tributos cedidos, lo cual ha supuesto, junto con el desafío secesionista, un goteo incesante de traslados de residencia a otras comunidades con una presión fiscal menor. O dicho de otra forma, cientos de contribuyentes se han trasladado a otras comunidades en las que se respeta el carácter no expropiatorio de los tributos, en las que prima la productividad y no se penaliza la propiedad, incentivándose que esta última genere riqueza.
El eslogan de división «Cataluña no es España» se ha transformado a «Cataluña quiere ser España», y exige armonizar los tributos cedidos en todo el territorio nacional. Donde se escuchaba «España nos roba», pronto se podrá oír «Cataluña nos roba».
La pretendida armonización del Impuesto de Sucesiones -prebenda a ERC por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado- podría dejar sin efecto en todo o en parte el límite exento de 1 millón de euros por causante y descendiente aprobado este mismo año en Galicia.
Habrá que analizar, si es que finalmente se atreven, qué instrumento se utiliza y qué finalidad se persigue pues ya desde este momento se intuyen visos de inconstitucionalidad.
Cabe cuestionarse, una vez más, qué sentido tiene el estado de las autonomías que, como la de Cataluña, no solo ansía su independencia sino también pretende la creación de un imperio en el que sea ella quien imponga lo que le venga en gana al resto de autonomías. Nuestro modelo, sin duda, no funciona.
El anuncio es claro y el mensaje ya está ahí. Preparémonos porque vienen tiempos difíciles: eliminación de incentivos fiscales, tributación en el IRPF por transmisiones de bienes recibidos mediante pactos de mejora antes de que fallezcan los otorgantes, fijación de valores insoslayables que pueden alejarse del pactado entre las partes o del valor real cuyo único cuestionamiento solo será posible mediante impugnación de liquidaciones, etcétera. La pandemia española está en la Carrera de San Jerónimo y esto no ha hecho más que empezar.