La Seguridad Social se plantea implantar, de manera inminente, un sistema de cotización de los autónomos basado en los ingresos reales de su actividad. La medida ha sido aplaudida de manera casi unánime por las organizaciones de carácter estatal. En mi opinión, es un error, por varios motivos. En primer lugar, parte de la falsa idea de que los autónomos no saben cómo emplear convenientemente su dinero. En segundo lugar, porque si ya es difícil enfrentarse a pagos fijos con ingresos inciertos, ahora nos enfrentaremos a pagos variables con ingresos inciertos. El 78 % de los autónomos cotiza actualmente por la base mínima. Y lo hacen básicamente, porque no pueden hacer otra cosa y porque otros no quieren, en uso de su libertad, y prefieren emplear su dinero en un plan de pensiones, un seguro, o invertirlo en bonos, por ejemplo. En tercer lugar, porque es mucho más difícil disfrutar de las presuntas prestaciones como autónomo que como asalariado. De ahí que el autónomo en muchas ocasiones carece de incentivos para aumentar su cuota por encima del mínimo legal obligatorio.
Lo que se pretende hacer es terminar con la libertad intrínseca a la condición de autónomo y, aprovechando la necesidad que demandan los que tienen muy bajos ingresos, subir salvajemente las cotizaciones obligatorias para poder cuadrar las cuentas de la Seguridad Social.
El sistema de cotización progresiva apoyaría (teóricamente) a aquellos profesionales cuyos ingresos estén por debajo del SMI. Por contra, los más perjudicados serían aquellos que, hoy por hoy, cotizan muy por debajo de sus ingresos y con la implantación de la cotización por ingresos reales verían incrementada de forma considerable su cuota.
Hay 3.200.000 autónomos en España, de los que 1.980.000 tributan como persona física. El resto, lo hacen a través de una sociedad. De esos casi dos millones de autónomos persona física, hay unos 192.000 que son familiares colaboradores del autónomo titular, que difícilmente pueden cotizar más de lo mínimo. Hay también 111.000 autónomos persona física en régimen de pluriactividad, que cotizan por dos regímenes, a los que tampoco compensa pagar más de la cuota mínima. Y hay 400.000 autónomos persona física con empleados; estos, difícilmente pueden pagar más de la cuota mínima, pues tienen elevados costes sociales a su cargo.
Son unos 700.000 autónomos persona física, que difícilmente podrían cotizar más de la mínima. Restan, por tanto, 1.200.000 a los que se podría revisar la cotización y, en la mayoría de los casos, le supondría aumentarla, a cambio prácticamente de nada.
Si finalmente se implanta un sistema de cotización por ingresos, habrían de cumplirse unas condiciones mínimas; a saber, sin ánimo de ser exhaustivo: que se calcule sobre los ingresos netos, que se tengan las mismas obligaciones y derechos que cualquier trabajador, que se calcule sobre los ingresos actuales y no sobre los del año anterior y que se exima del pago de la cuota en caso de baja, desde el primer momento.
En fin, existen muchas dudas que, al menos, deberían ser estudiadas y analizadas en profundidad, antes de implantar una medida que puede ser la puntilla para este colectivo.
