Pese a mi condición de jurista, no voy a entrar a opinar sobre lo que me parece la Ley de Memoria Histórica. Únicamente y, con motivo del anuncio del Ayuntamiento de Madrid de retirar las calles a los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, en virtud del artículo 15 de la precitada ley, quiero manifestar mi disconformidad con el hecho de que Vox, PP y Cs metan en un mismo saco a dos personajes tan opuestos.
Largo Caballero fue de todo menos demócrata. Conocidas son sus arengas, en las cuales dejaba claro que si las izquierdas perdían las elecciones tendrían que declarar la guerra civil, o que la democracia es incompatible con el socialismo. También afirmó, en 1934, que no creía en la democracia como valor absoluto, o que si había que romper con la legalidad se haría sin ningún reparo ni escrúpulo. Por no hablar de la que lio en la Revolución de Asturias, cuando promovió una insurrección al conformarse el 4 de octubre de 1934 un nuevo gobierno republicano con el líder del partido radical Lerroux al frente y la participación de tres ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas autónomas). Al final, 1.048 muertos y 2074 heridos.
Por otra parte, Indalecio Prieto sí que fue un demócrata y también un antifascista a quien le tocó ejercer como tal en tiempos de guerra. Cuando el conflicto estaba perdido, se preocupó por los suyos creando la Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles (JARE) y tomó posesión, desde su llegada a México, del conocido como «tesoro del Vita», nombre del barco en que se trasladó a la capital azteca un importante capital para ayudar a los exiliados republicanos. Prieto fue un socialista convencido y honesto y mienten aquellos que dicen que se sirvió de su antigua posición para disfrutar de un exilio dorado.