El pasado 23 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estrenó un nuevo capítulo en la saga vinculada al régimen fiscal del tax lease que parece no tener escrito, a día de hoy, el guion de su capítulo final. Por un lado es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); y, por otro, quedan pendientes de fallo aún los recursos de anulación planteados por los inversores negando su condición de únicos beneficiarios del Sistema Español de Arrendamiento Fiscal para la construcción de buques (SEAF o tax lease).
Existía cierta esperanza en un cambio en la trama argumental, pero el TGUE ha decepcionado; se confirma la decisión de la Comisión Europea que en su día consideró que las ventajas fiscales inherentes a la operativa del SEAF eran constitutivas de ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. Para decepción de los inversores, el TGUE argumenta que el régimen SEAF tenía carácter selectivo, ya que se basaba en un régimen de autorización de carácter discrecional por parte de la AEAT que, al menos, potencialmente podría haber discriminado a otros operadores en situación comparable.
El interrogante que se plantea es: ¿qué hay de la confianza legítima de los inversores en el buen hacer del legislador cuando se configuró este régimen? No parece preocuparle al TGUE; nada se puede hacer ante el protagonismo imperante del principio de libre competencia. Así, con este nuevo tributo al incremento de la inseguridad jurídica que ya forma parte del ADN del legislador nacional nos vamos acostumbrando peligrosamente a esta «nueva normalidad» en el ámbito jurídico y tributario donde lo que ayer era blanco -y pacífico- mañana puede ser negro -y objeto de discusión en los tribunales-.
Aún con todo, no se puede descartar un giro en los acontecimientos, ya que el TGUE no se pronuncia sobre la identidad de los verdaderos beneficiarios de la ayuda. Simplemente se limita a confirmar que con arreglo a la lógica de la decisión impugnada -que considera que los inversores que facilitaban la construcción de los buques eran los únicos beneficiarios, y no así las navieras y astilleros- la recuperación solo resulta exigible a dichos operadores económicos.
Con la actual situación de las arcas públicas, entendemos que urge redefinir la estrategia procedimental de los contribuyentes afectados ante una más que probable reactivación de las actuaciones de la Administración para la recuperación de las ayudas, en una comunidad autónoma como Galicia con un relevante peso en la construcción naval. Resulta clave no perder de vista que esta controversia suscita todavía suficientes incógnitas que deben ser despejadas -especialmente en lo relativo a la cuantificación de la ayuda recibida por los beneficiarios-, por lo que es aconsejable mantener vivas las vías de impugnación existentes en nuestro ordenamiento. Si bien, contemos con altas dosis de paciencia y con otros 18 o 24 meses para ver ese nuevo episodio, como si la actual incertidumbre social y económica en el país no fuese ya suficiente lastre en la «nueva normalidad» de las entidades involucradas en esta saga del tax lease.