En esta ocasión, en lugar del inocente niño del cuento de Andersen, ha sido la fiscalía suiza la que señaló la oronda desnudez del rey Juan Carlos: «¡Pero si va desnudo, con un maletín atiborrado de billetes en vez de una hoja de parra». La gente, aunque no debiera tocarse la cara para evitar contagios, se frotó las legañas y comprobó que, efectivamente, el rey emérito estaba en bolas. Lo confirmó él mismo al abandonar el reino por «la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada».
Hay algo que chirría en ese párrafo: la alusión a su vida privada. Un rey, a diferencia del pueblo llano, no tiene vida privada: encarna una institución. Todos sus actos, incluso los más íntimos -nacer, casarse o morir-, tienen trascendencia pública. Por eso, para proteger la institución, fueron tapadas con un manto de armiño las vergüenzas que asomaban por la bragueta y el bolsillo del monarca. Y cuando estas se hicieron más visibles, en los cenáculos del poder se diseñó la operación rescate: la abdicación de Juan Carlos para salvar la monarquía.
La desnudez del rey emérito hizo un daño de proporciones todavía incalculables a la monarquía. Lo cual, para quienes compartimos el ideal republicano, debería ser un motivo de satisfacción. Pero no lo es, porque la monarquía forma parte medular del pacto constitucional, inseparable del catálogo de derechos y libertades fundamentales, las instituciones básicas del Estado o las comunidades autónomas. Lo que significa que no podemos echar al rey sin cargarnos la Constitución. No se puede retirar la carta que menos nos gusta sin que se derrumbe caóticamente todo el castillo de naipes. Menos aún en las actuales circunstancias políticas, cuando existen nulas posibilidades de reconstruir un modelo distinto.
Por eso se comprende el intento, protagonizado por Felipe VI, por Pedro Sánchez o por ambos, de establecer un cortafuegos entre el rey emérito y su sucesor. De poner distancia, frontera por medio, entre ambos. El episodio recuerda, en curioso paralelismo, el destierro de la reina Isabel II. Destronada por el vendaval revolucionario, la reina marchó al exilio y en 1870 abdicó en favor de su primogénito, el futuro Alfonso XII. En 1874, después de un pronunciamiento militar, Cánovas fue a buscar a aquel mozalbete de diecisiete años para hacerlo rey y restaurar la monarquía. Desde entonces, el ilustre estadista repartió su tiempo entre elaborar la Constitución de 1876, forjar el pacto del turnismo con Sagasta e impedir que Isabel II volviera a pisar suelo español. La reina falleció en París cuando ya reinaba en España su nieto.
¿Será Juan Carlos, al igual que su tatarabuela, el rey «de los tristes destinos»? ¿El monarca que, tras refrendar el pacto que trajo cuatro décadas de estabilidad política y progreso económico, tiró su legado por la borda y dio alas al republicanismo? El futuro no está escrito, pero sí sabemos que las constituciones, efímeras como la de Cádiz o longevas como la de Cánovas, nacen, envejecen y mueren. Solo falta saber el cuándo y el cómo.