¡Ay de la gente honrada!


Malos tiempos estos en los que gente honesta está desprotegida, y tanto. Les cuento un caso como otro cualquiera. No trata de la «okupación» en sentido estricto, sino de una práctica habitual que se desenvuelve con el amparo o tolerancia de determinados grupos políticos. No les hablaré de grandes fondos de inversión que invierten en pisos con destino a alquiler. Tampoco de fondos buitre. Ni mucho menos de grandes fortunas con centenares de pisos. Les hablo de algo mucho más sencillo y común en Galicia. El trabajador que durante toda su vida, ora en la emigración ora aquí, ahorró para comprarse una vivienda. La compra pensando en invertir, o en su jubilación: la destinará al alquiler y obtendrá de ella una renta mensual que, visto como está el asunto de las pensiones, le será de mucha utilidad y franqueará dificultades económicas. Deja el piso en una agencia para que lo alquilen. Lo alquila. Cobra el primer mes. Y punto.

Ahí comienza un tramo de difícil calificación en un país normal, aunque comprensible para cualquiera que haya leído las novelas de Kafka. Los inquilinos «delincuentes» saben exactamente lo que deben hacer para permanecer el mayor tiempo posible en un piso que no pagan. Hay quien los asesora. En virtud de ese asesoramiento no pagan el agua al ayuntamiento, porque saben que no se la cortarán y esa deuda nunca se la reclamarán a ellos sino al propietario. En ocasiones sufragan la luz, porque las compañías eléctricas no se andan con chiquitas. Pasan los meses. El trabajador honrado sigue sin cobrar. En tanto ya ha contratado los servicios de un abogado. El abogado le advierte del precio de su demanda, entre dos mil y tres mil euros, «y seguramente no cobrará nada de la deuda porque los inquilinos se declararán insolventes».

La historia tiene muchos episodios, pero para qué contarlos. Me sirve el exordio únicamente para preguntar en voz alta quién defiende al trabajador honrado de los delincuentes que no le pagan su alquiler. No es un fondo, no es un millonario, es solo una persona honesta que trabajó y ahorró toda su vida para poder invertir en un piso. Sin embargo, los delincuentes que ocupan su vivienda sin pagarle un euro, gozarán de ayudas del Estado. El trabajador jubilado, no: pagará pleitos, no cobrará lo que le deben y gastará en reformar la vivienda. ¿Es esto justo?

Es una de las muchas vergüenzas que padecemos en España. ¡Ay de la gente honrada!, qué poco la defienden.

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